La CIG ha criticado, ante un nuevo cambio en la Presidencia, que Navantia se utilice como «una empresa de recolocaciones de cargos para la ocupación de afines a la ministra o el ministro de turno», lo que «disminuye su capacidad de desarrollo» y afecta a su «credibilidad, seriedad y seguridad» ante potenciales clientes.
Así se ha pronunciado, en un comunicado, después de que el Gobierno nombrase a la presidenta de Navantia, Belén Gualda González, como nueva responsable de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), cargo que llevaba vacante desde octubre de 2019.
A este respecto, el sindicato ha advertido de que, independientemente de la persona escogida para asumir la Presidencia del astillero, «no es serio ni responsable» que este cargo haya sido ocupado por cuatro responsables en cuatro años.
Así, ha criticado que tenga lugar esta situación en un periodo en el que se aborda «un plan que pretende marcar el futuro de Navantia» y se ha preguntado cómo afectará a la «credibilidad, seriedad y seguridad» mostradas ante potenciales clientes de cara a la adjudicación de contratos.
En este sentido, ha reprobado que Navantia se asemeje a «una empresa de recolocaciones de cargos para la ocupación de afines a la ministra o el ministro de turno», lo que «disminuye su capacidad de desarrollo», lo que se ha preguntado si, en lugar de la búsqueda de «responsables competentes», representa «el oscuro objetivo» perseguido mediante el nombramiento de su presidente.
En la misma línea, CIG ha recordado que no confió en el anuncio de la última presidenta al asumir el cargo, que aseguró que buscaba «dejar la compañía en una mejor situación de la que estaba» y aportarle «estabilidad». Así, ha resaltado que su etapa en la Presidencia ha sido «tan breve» como su presentación.
También ha señalado las sustituciones que conlleva en el organigrama de la empresa el cambio de presidente y ha reprobado que los cargos de responsables de departamentos como Prensa y Protocolo sean asumidos por «personas de fuera» pese al «sobrado conocimiento» de las pertenecientes a la empresa.
CRÍTICAS AL GOBIERNO
Así las cosas, la CIG ha denunciado que el Gobierno «no toma en serio su empresa» al «jugar con su futuro». De hecho, ha remarcado que la ría de Ferrol permanece «sin carga de trabajo» y sin un plan de inversiones para las nuevas instalaciones. También ha llamado a aclarar si se cumplirá el cronograma de la fragata F-110, lo que resulta «irrenunciable» para la comarca y la industria auxiliar.
En todo caso, ha señalado que se esperan «malos augurios» dado que la presidenta que rechazó la construcción de las nuevas instalaciones con el dique ahora es la responsable del accionista de la empresa, así como debido a que el nombramiento del nuevo presidente causará un «parón» en las «pocas actividades de la factoría».
Asimismo, la central sindical ha criticado que los cargos políticos de la comarca «miren para otro lado», «eludiendo responsabilidades» con la zona.