La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, ha explicado que se ha puesto una herramienta a disposición de 87 ayuntamientos para que puedan detectar las instalaciones que a las que podría afectar la aprobación del artículo de la Ley de Cambio Climático, que se tramita en el Congreso, relativo a los títulos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre.

En una comparecencia que ha tenido lugar en la Cámara gallega durante el pleno celebrado este miércoles, la conselleira ha advertido de que la aplicación del artículo 18.3 de la normativa conllevará «repercusiones muy negativas» en el litoral gallego, por lo que ha vuelto a pedir su eliminación al Gobierno, al que ha acusado de apostar por la «deslocalización» de las empresas.

En este sentido, la conselleira ha reiterado que el informe jurídico de la Xunta sobre la Ley de cambio climático remitido al Gobierno señala que el artículo que afecta a títulos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre puede ser «inconstitucional». De hecho, ha asegurado que del mismo «se deduce» que la limitación de las concesiones a un periodo de 75 tiene un carácter retroactivo, «aunque el Gobierno lo niegue por activo y pasivo».

Así las cosas, Ángeles Vázquez ha remarcado que el Ejecutivo autonómico cuestiona este artículo debido a que entiende que tendría un carácter retroactivo, por lo que ha advertido de su «inconstitucionalidad» y ha recalcado que puede afectar a los derechos de los beneficiarios de las concesiones y a su seguridad jurídica. Además, ha alertado de que la ley «daría pie a los afectados a reclamar una indemnización».

Mientras, la titular autonómica de Medio Ambiente ha reprobado que el BNG «no sea capaz de convencer» al Grupo Plural, en el que se integra en el Congreso, para rechazar los primeros artículos de la ley, entre ellos el 18.3, en la votación de la ponencia que tuvo lugar en la Comisión de Transición Ecológica. Asimismo, ha señalado que «ya se sabe qué opinan» los diputados del PSOE, que votaron a favor. Así, ha apelado a la «responsabilidad» de los partidos gallegos con representación en la Cámara Baja para que la normativa no salga adelante. «Luchen por Galicia y por el futuro de la costa gallega», ha aseverado.

Por su parte, la diputada del Grupo Parlamentario Popular Marisol Díaz Mouteira ha afirmado que la «inseguridad» derivada de esta situación causará «consecuencias» en la cadena mar-industria y «la deslocalización de empresas que no son viables fuera de la costa». De este modo, ha lamentado que el Gobierno haya optado por «meter en el saco» de la Ley de Cambio Climático esta modificación.