El secretario xeral de CC.OO. en Galicia, Ramón Sarmiento, ha abogado por identificar las «oportunidades» industriales de Galicia para permitir su desarrollo «de la mano» de fondos europeos de reconstrucción y ha remarcado la necesidad de una mayor participación de la sociedad y los sindicatos en la definición de «una base sólida» en torno a la que reconstruir el modelo productivo.

En una entrevista concedida a RNE, recogida por Europa Press, Sarmiento ha señalado que, ante el «impacto negativo» que conllevan la transición ecológica y energética, se deben concretar las oportunidades de la comunidad y «situarse adecuadamente» en su conjunto. Para ello, ha destacado que la Xunta debe liderar la identificación de proyectos y de pymes y grandes empresas en torno a las oportunidades que presenta la comunidad y que son susceptibles de recibir financiación con cargo a los fondos europeos de reconstrucción durante los próximos seis años.

Además, ha demandado «más participación de las organizaciones sindicales y la sociedad» en la determinación de la «base sólida» en relación a la que se reconstruirá el modelo productivo. Aunque ha advertido de que «puede ser fácil» permitir que las multinacionales «acaparen» los proyectos que se apoyarán con fondos europeos, ha advertido de que ello supondría «un error» dado que «muchas» de ellas disponen de «capacidad de tomar decisiones» sin necesidad de recibir este apoyo.

En este sentido, el sindicalista ha apelado a alcanzar un «consenso» en torno a la especialización productiva de las comarcas. De este modo, ha observado «posibilidades» de «situar en el mapa» el proyecto para una planta de viscosa y ha recalcado la importancia de alcanzar «un mayor aprovechamiento» y «una mayor rentabilidad en empleo de calidad» en el sector forestal mediante una explotación adecuada.

También ha señalado que Ferrolterra tiene capacidad para convertirse en «un polo de referencia en el entorno de la industria eólica marina», lo que ha afirmado que no resultará posible «mientras Galicia rechace la posibilidad de disponer de parques en el litoral». Además, ha mostrado su esperanza de que la huelga celebrada esta semana en la zona represente un «éxito» y se reciba una «respuesta» de las administraciones a las demandas de sus vecinos a través de proyectos estratégicos.

ALCOA

Respecto a la situación de Alcoa, el secretario xeral de Comisiones ha señalado que el 30 de abril –el día marcado como límite por el Gobierno y la empresa para la venta de la planta de San Cibrao– representa una fecha «determinante» para la comarca de A Mariña.

En esta línea, ha recalcado que las decisiones que se adopten por parte de las administraciones deben tener en cuenta que la producción de aluminio es «estratégica» para el país y permitir «conservar su producción».

Así, ha subrayado que el sindicato reclamará a las instituciones que avancen en las negociaciones para permitir que Alcoa pueda llevar a cabo su objetivo de dejar de operar en el país. En todo caso, ha pedido que no se descarte la posibilidad de que el futuro de las plantas que se encuentran en una situación complicada se enmarque en el sector industrial público.

ALU IBÉRICA

En cuanto a la planta de Alu Ibérica, ha concluido que su venta «no fue una solución». De hecho, ha asegurado que, durante el proceso, «se buscó a quien estuviese en disposición de, con una práctica marrullera, culminar los intereses de Alcoa», que eran «no viabilizar bajo ningún concepto» que sus capacidades industriales en el país pudiesen «caer en mano» de su competencia para conseguir «reducir la capacidad de producción de aluminio privado».

Así las cosas, ha lamentado que Alcoa encontrase «lo peor que había en el mercado» para «culminar el proceso de desmantelamiento de las plantas de A Coruña y Avilés», lo que ha augurado que se impedirá a través de la justicia. Así, ha confiado en que los tribunales ratificarán que al frente de la compañía se sitúan «presuntos delincuentes» y que en el desarrollo de la venta «hubo elementos de estafa», así como que se ha puesto en marcha «un proceso de descapitalización».

De cara al futuro, el sindicalista ha recalcado que las administraciones deberán buscar «un esquema de solución alternativo» a «ser receptoras de presiones de las empresas que quieren abandonar el país» y «sufrir los chantajes de quien pone condiciones para hacerse cargo» de las fábricas. Ante el proceso de reconstrucción económica y social que tendrá lugar tras la pandemia, ha remarcado que el país no puede presentarse como un lugar «donde no hay capacidades de intervención para revertir las decisiones de las multinacionales».