Ence recalca que su «primera opción es mantener la actividad, el empleo y las inversiones» en su biofábrica de Lourizán, en Pontevedra, pero para ello pide «seguridad jurídica» con el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que está en trámite en el Congreso.

Así lo advierte la compañía pastera en un comunicado emitido ante la «controversia» generada por unas declaraciones de su CEO, Ignacio Colmenares, sobre un supuesto cierre «inminente» de la planta. Estas palabras, según denuncia la empresa, salieron a la luz por una «grabación ilegal» que fue «sacada de contexto».

En este sentido, Ence asevera que «la modificación» del artículo 18.4 de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética –que recalca el límite de 75 años para las concesiones en terrenos situados en el dominio público marítimo-terrestre, de competencia estatal, daría «seguridad jurídica» a la fábrica al «eliminar las dudas» sobre su aplicación retroactiva.

Esto «sin duda facilitaría enormemente la situación y el futuro de esta planta, así como del importante volumen de empleo vinculado a ella en Pontevedra y en toda Galicia», que asciende a más de 5.000 personas, explica la empresa.

Además, Ence destaca que, desde la prórroga de la concesión en 2016, ha invertido 132 millones de euros en la biofábrica de Lourizán. Precisamente, anuncia que «continuaría ahondando» para que la planta «siga avanzando en competitividad y sostenibilidad» en caso de tener esa «seguridad jurídica».

ASOCIACIÓN POLA DEFENSA DA RÍA

También ha entrado en la polémica de los últimos días la Asociación Pola Defensa da Ría (APDR). Su presidente, Antón Masa, considera que el aviso de cierre «ordenado y rápido» de Colmenares no es otra cosa que una «nueva escenificación» de Ence para que se modifique «a su gusto» la Ley de Cambio Climático.

«Se trata de un nuevo intento de presionar a las administraciones y a la ciudadanía de la comarca (de Pontevedra) aprovechando en esta ocasión la actual situación sanitaria y económica que, saben, provocan en la ciudadanía una mayor sensibilidad por la defensa del empleo», denuncia Masa.

El presidente de APDR acusa a Ence en otro comunicado de «centrar el problema en la eliminación del artículo 18» de la norma que se encuentra en trámite en el Congreso, al que se le atribuye «un alcance que no tiene». «Con esta ley o sin ella, el tiempo de permanencia de Ence en Lourizán ha llegado a su fin», afirma.

Y es que, tal y como explica Antón Masa, el tiempo máximo de permanencia en dominio público marítimo-terrestre ya estaba fijado en 75 años, incluyendo las prórrogas, tanto en la Ley de Costas de 2013 como en la Ley de Patrimonio del Estado del 2002. «De ser cierta esa preocupación empresarial, que desembocaría en el cierre de las instalaciones en Lourizán, no se disiparía con la reforma solicitada», subraya.

Asimismo, la Asociación pola Defensa da Ría carga contra la «ignorancia» mostrada por los cargos del PP, que parecen «desconocer esta realidad» y «engañan a la gente»; y advierten al comité de empresa de la planta de Lourizán que «se equivocan al defender los intereses empresariales»: «Hace mucho tiempo que deberían haber exigido a la empresa ese cierre ordenado que pudiese garantizar la defensa del empleo».

TINO FERNÁNDEZ SOBRE UN «SUSTO MEDIOAMBIENTAL»

Por su parte, el teniente alcalde de Pontevedra, el socialista Tino Fernández, pone el foco en las supuestas declaraciones filtradas del CEO de Ence, en las que admite que la factoría «puede provocar un susto medioambiental mayúsculo en cualquier momento».

Así, el edil cree que son unas afirmaciones ante las cuales la empresa debe «aclarar inmediatamente el alcance de este peligro», al tiempo que solicita a la Xunta que «tome cartas en el asunto y abra un expediente inmediato para investigar y conocer el alcance la situación de peligro».

Además, el teniente alcalde de la ciudad señala que Colmenares «se contradice» cuando afirma que el traslado de Ence a otra ubicación en Galicia sería «excesivo», porque dice «que el Grupo está dispuesto a invertir hasta 250 millones de euros en la factoría de Pontevedra (…) y que una nueva fábrica andaría en los 500 millones».

«Si Ence está dispuesta a invertir 250 millones de euros, ya tenemos una buena cantidad de dinero para comenzar a hablar», asegura Tino Fernández, quien también tacha de «mentira» que no haya «en ningún otro punto» que en Lourizán el caudal de agua preciso para el funcionamiento de la pastera.

«El propio señor Colmenares, en conversaciones con representantes del PSOE, comentó que el Grupo Ence estaba dispuesto o tenía la posibilidad de aplicar una tecnología que reducía hasta el 90 por ciento el consumo de agua en la factoría. Si eso es así, el consumo de agua tampoco puede ser un problema», explica el concejal socialista, que reclama a la empresa que se deje de «cortinas de humo y de buscar argumentos para no hablar de un traslado».