La Iglesia Católica cuenta con un total de 7.131 bienes inmatriculados en Galicia entre 1998 y 2015, a raíz de la reforma de la Ley Hipotecaria llevada a cabo por el Gobierno de José María Aznar, según el listado elaborado por el Gobierno y enviado este martes al Congreso de los Diputados.
Según este listado, al que ha tenido acceso Europa Press, Galicia es la segunda comunidad con más inmatriculaciones –acción de inscribir por primera vez una finca en el registro de la propiedad– del total de 34.961 existentes en España, solo por detrás de Castilla y León (10.243).
De hecho, A Coruña es la provincia con más bienes inmatriculados de todo el país (2.669). Le sigue Lleida (2.157) y Cantabria (2.058). En cuarto puesto se sitúa Ourense (2.017). En los primeros puestos también están Pontevedra (1.383) y Ourense (1.062).
De los 7.131 bienes en la comunidad gallega, 2.747 son templos y los 4.384 restantes son fincas rústicas, viviendas, solares, cementerios y plazas de aparcamiento, entre otros.
Esta ley permitió a la Iglesia registrar a su nombre inmuebles solo con una certificación eclesiástica, tal y como se presenta en 6.210 casos en Galicia, mientras en 921 casos son títulos distintos de la certificación eclesiástica. «AL AMPARO DE UNA SITUACIÓN LEGAL»
«Las inmatriculaciones se han producido al amparo de una situación legal, otra cosa es que, a lo largo de los años, haya habido posicionamientos contrarios a la reforma que propició el gobierno de Aznar, pero ha sido a la luz de una legalidad», ha declarado la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
De las 34.961 inmatriculaciones, 20.014 corresponden a templos de la Iglesia católica o dependencias complementarias que tienen que ver con el culto o la tarea educativa y las 14.947 restantes se relacionan con otros usos: terrenos, solares, viviendas o locales, según ha concretado Calvo.
Además, 30.335 bienes fueron inmatriculados en virtud de certificación eclesiástica y en el caso de otros 4.626 bienes, la inmatriculación consta a otro título distinto, a título «bastante y suficiente para la demostración».
También ha puntualizado que el conjunto de las inmatriculaciones tiene una intensidad diferente por comunidades autónomas y territorios.
En todo caso, Calvo ha precisado que «esa legalidad que ha propiciado este volumen de inmatriculaciones, ahora puede ser contestada, como es lógico».
CUALQUIERA QUE DISCREPE PODRÁ RECLAMAR
Por ello, Calvo ha señalado que, a partir de la publicación de este listado, cualquier persona física, jurídica o administración pública que discrepe, puede reclamar alguno de estos bienes, ya sea por «vía administrativa», para que la Administración General del Estado abra la investigación correspondiente o por «la vía de los tribunales».
Además, ha añadido que si la Iglesia Católica considera que hay algunas inmatriculaciones que pueden ser, o no contestadas y que de oficio las puede resolver, o va a defender sus derechos ante los tribunales frente a una parte hipotética que también ejerza el derecho, «esa será una decisión suya».
PATRIMONIO HISTÓRICO
Calvo también ha destacado que en el listado aparecen «bienes afectos a un régimen muy especial» que son todos aquellos que están catalogados como parte del Patrimonio Histórico español o protegidos por las leyes autonómicas de patrimonio histórico, como es el caso de la Mezquita Catedral de Córdoba, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1984 por la UNESCO.
«Todos esos bienes tienen un régimen especial por cuanto forman parte de la propiedad privada pero están afectos a otros fines públicos y de utilidad social», ha remarcado.
Carmen Calvo ha asegurado que la publicación de este informe significa «un paso de colaboración continua con las Cortes Generales» ya que fue el Congreso de los Diputados el que instó al Gobierno en 2017 a la realización de este estudio, a partir de la presentación de una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el PSOE.
Sobre el listado, Calvo ha asegurado que es fruto de un trabajo «prolijo y riguroso» desde la Administración General del Estado. Además, ha precisado que no hay «ningún desfase» en las cifras y ha añadido que las inmatriculaciones se han contado «una a una».
