El vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde, denuncia que Galicia ha recibido del Gobierno central un total de 570 millones menos de los que le corresponderían de los distintos fondos para la reconstrucción frente a la pandemia del coronavirus de aplicarse los criterios que se utilizan en el sistema de financiación autonómica.

Esta cifra, que ha dado en su comparecencia en el pleno del Parlamento para informar de las principales líneas de su departamento para tratar de combatir la crisis, responde a los distintos fondos extraordinarios de los ejercicios 2020 y 2021, según informan fuentes de la Vicepresidencia Segunda consultadas por Europa Press.

Así, apuntan a los denominados ‘fondos covid’ del año pasado en materia de sanidad, educación, transporte, etcétera, pero también a aportaciones «adicionales o extraordinarias» en materia de sanidad y plan estatal de vivienda, entre otros. También tienen que ver con los fondos ‘React UE’ e, igualmente, con los que buscan responder a los efectos del coronavirus en lo que va de 2021.

«Necesitamos que el Gobierno concrete y traslade con transparencia los criterios de reparto», ha subrayado Conde en su intervención, tras negar que por parte de la Xunta haya «ningún tipo de ocultismo».

Y es que el BNG criticó el trabajo «en conjunto con empresas y todo bajo el manto de la confidencialidad» para impulsar la economía con fondos extraordinarios. Esta manera de proceder, a juicio de los nacionalistas, «es poner en bandeja que anden ‘feireando’ al mejor postor mientras la ciudadanía espera por un rescate que no llega»,

Por su parte, el PSOE, como el Bloque, ha emplazado a la Xunta a dotar de «un mayor apoyo» a los sectores más afectados por la covid, al entender que «toda la capacidad de gasto hay que enfrentarla a reactivar la economía».

CRITERIOS DE REPARTO

Por su parte, Francisco Conde, ya en el turno de réplica, ha reclamado que los criterios de reparto de fondos extraordinarios tengan «en cuenta» la despoblación, el envejecimiento, la dispersión poblacional, la transición digital y los niveles de renta per cápita.

«En estos momentos», ha dicho que el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez «está empleando criterios cambiantes que se están alejando de los que se emplean en el sistema de financiación autonómica».

De aplicar estos criterios, los de la financiación autonómica, de población ajustada, «Galicia tendría que haber percibido 570 millones más de los que está percibiendo», ha sentenciado.

AYUDAS Y REBAJA FISCAL

A mayores, el vicepresidente segundo de la Xunta ha pedido que el Gobierno de Sánchez «actúe con los mismos criterios que el resto de países europeos» también en el establecimiento de ayudas directas y una «reducción» de la fiscalidad, porque la actual está «penalizando» a autónomos y pequeñas y medianas empresas –en concreto ha apuntado al IVA de peluquerías y a hogares vulnerables–.

A diputaciones y ayuntamientos, por último, les ha instado a que «se sumen» a los apoyos de la administración autonómica, tras el fracaso del plan conjunto para hostelería y autónomos.

CASI 30.000 AYUDAS

En su primer turno, Conde ha fijado en 28.000 las ayudas concedidas por el momento al amparo del plan de reactivación del Gobierno gallego, por un importe que ha situado en 270 millones de euros.

«Nos gustaría mirar el año 2021 con cierto optimismo», ha destacado, sobre la evolución de la economía, al respecto de la cual ha valorado «dos estímulos claros»: la vacunación frente al coronavirus y los fondos europeos para la reconstrucción.

Ambos, ha resaltado, «requieren un esfuerzo de gestión y coordinación» y «Galicia siempre tendrá la mano tendida», pues cree en «la cogobernanza» y «la colaboración como base de toda respuesta».

Conde ha cifrado en 350 millones los destinados en el plan de reactivación de la Xunta: 180 para dotar de financiación al tejido empresarial y 170 para ayudas directas relacionadas con la digitalización, la innovación, la eficiencia energética, la movilidad sostenible y la transformación.

Por el momento, según sus datos, de más de 35.000 solicitudes, la administración autonómica ha resuelto esas 28.000. «Ocho de cada 10», ha subrayado.

A renglón seguido, se ha referido al plan de ayudas para autónomos, microempresas y establecimientos cerrados debido a las restricciones. En total, ha apuntado a 160 millones con una primera fase «ya tramitada» y el segundo «turno» que «se tramitará con la máxima urgencia».

También se ha referido a la puesta en marcha de una plataforma para «autodiagnóstico» en la que se han registrado 5.622 comercios, según sus números.

CRUCE DE ACUSACIONES

El vicepresidente económico se ha referido a la candidatura gallega para optar a los fondos europeos de reconstrucción y ha recordado los proyectos a los que la Xunta llama ‘tractores’ impulsados por grandes empresas y «otras iniciativas» que buscan la mejora de los servicios públicos y el desarrollo de sectores como la automoción y el naval.

En este extremo, ha hecho una defensa de la «gestión profesionalizada que permita agilizar los proyectos, desarrollar modelos de negocio y dinamizar la captación de fondos de socios industriales y tecnológicos».

Después, ha pedido «el máximo apoyo» en la Cámara para la ley de simplificación administrativa al asegurar estar «trabajando» para «dotar de la máxima seguridad jurídica» y «lo más rápido posible» a los proyectos empresariales en Galicia.

En este punto, ha aludido directamente al Gobierno central por la situación de la industria en la comunidad. Así, el vicepresidente ha reclamado una transición energética «justa», tras los cierres de las centrales térmicas de As Pontes y Meirama.

También ha llamado a que Siemens «no cierre su planta de palas en As Somozas» y a «tener en cuenta la realidad de la comarca de A Mariña», donde ha instado a Alcoa a «sumarse al sentir mayoritario» por la continuidad de la fábrica de aluminio.

Por último, ha apostado por un precio eléctrico «competitivo» –esperando la «revisión» del estatuto electrointensivo porque «con el que se aprobó no es suficiente»– y ha abogado por «defender» la industria en el litoral y «exigir a Navantia carga de trabajo» e inversiones para que el dique seco sea «una realidad».

«Todos los fondos europeos van a ser un acicate hacia una economía más verde, pero esa transición tiene que ser justa y planificada. Si en el camino quedan empleos y familias, entonces no estaremos hablando de una transición sino de una ruptura», ha proclamado.

De ahí que haya hecho un llamamiento a buscar «acuerdos de máximos que permitan paliar los efectos de esta crisis y salir más reforzados y diseñar entre todos la Galicia del año 2030».

GRUPOS

Por parte del grupo socialista, Juan Carlos Francisco Rivera ha censurado que la capacidad de gasto que tiene la Xunta como consecuencia de la existencia de unos presupuestos expansivos no va, a su juicio, «a enfrentar una realidad agónica».

El diputado del BNG Ramón Fernández ha reivindicado una «salida justa y gallega de la crisis» pero ha augurado que las medidas que se están adoptando llevarán a una «foto finish donde las diferencias se agranden», con una «Europa de dos velocidades». Por eso ha incidido en la «obligación» de «activar un plan de rescate real».

Mientras, el portavoz del PP en el debate, Miguel Tellado, ha centrado sus reproches en el Gobierno central al considerar que «ni es transición ni es justa para nadie» la adaptación en materia industrial.

Por su parte, ha atribuido «opacidad» a la distribución de ayudas por parte del Ejecutivo de Sánchez, con un trabajo «de espaldas» al tejido empresarial, «desde la oficina del presidente».