La conselleira do Mar, Rosa Quintana ha defendido un plan social con participación de las administraciones estatal y autonómica y los ayuntamientos del entorno mientras duren las obras de dragado de la ría de O Burgo y ante la reivindicación de compensaciones por el sector marisquero, que ha respaldado en una reunión con representantes de la Cofradía de Pescadores de A Coruña.

De este plan, ha dicho que el Ejecutivo gallego «aún no tuvo respuesta». Además, denunció el «inmovilismo» que, a su juicio, mantienen el resto de las administraciones implicadas.

Sobre el plan social, Rosa Quintana detalló que, en su propuesta, la Xunta está dispuesta «a acercar 100.000 euros de fondos del presupuesto de 2021 para el plan social de apoyo al sector», mientras demandó la aportación de fondos «en la misma medida a los ayuntamientos afectados y al Gobierno central hasta conseguir el millón de euros».

El plan diseñado por la Xunta incluye también la demanda a la Administración estatal de que los trabajos de recogida y reposición de semilla en la zona sean realizados por los propios mariscadores de la Cofradía de A Coruña mediante la fórmula legal de encargo que sea necesaria.

La conselleira do Mar mostró la predisposición a reunirse con el sector y con el resto de administraciones afectadas para diseñar ese plan social pero advirtió de «la necesidad» de que el Gobierno central, «que es el promotor de la obra y a quien le correspondería asumir las indemnizaciones, asuma sus responsabilidades».

POSTURA DEL AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA

Por su parte, el Ayuntamiento de A Coruña reivindica que el colectivo de mariscadoras y mariscadores de a pie y de a flote reciban un apoyo institucional durante el tiempo que dure el dragado de la ría del Burgo, licitada para este año.

En concreto, el gobierno local solicita a los departamentos jurídicos estatales y autonómicos «que se pongan de acuerdo para adjudicar esta competencia a la Consellería do Mar o al Ministerio de Medio de Ambiente».

«Se trata de darles una compensación económica y una seguridadjurídica a cerca de 80 trabajadores del mar que no podrán salir mariscar en unperíodo de dos la tres años». Mientras, reclama ayudas «individualizadas y colectivas» por el cese de su actividad laboral durante la realización de las obras.