La inversión en obra pública en Galicia ascendió a 995,8 millones de euros a lo largo de todo el año 2020, lo que significa un aumento del 8,47% con respecto al 2019 a pesar de la crisis del coronavirus, según cifras que ha hecho públicas este viernes la Federación Gallega de la Construción.

De acuerdo con su ‘Informe de Licitación de Obra Pública 2020’, la Xunta fue la principal administración en licitaciones, con un total de 398,3 millones de euros, el 40% del gasto público total en la Comunidad; seguida de los ayuntamientos, con más de 269 millones (el 27,1%); del Estado, con casi 236,5 millones (el 23,7%); las diputaciones, con 60,4 millones (6,1%); y el grupo ‘universidades y otros’, con más de 31,4 millones (3,1%).

Más allá del peso de cada una de las administraciones en la inversión en obra, este estudio desvela que todas ellas, con la única excepción de los ayuntamientos, aumentaron la cuantía global destinada a este efecto.

Así, entre 2019 y 2020 el gasto del grupo ‘universidades y otros’ en licitaciones creció un 63,9%; la Xunta lo hizo en un 23,1%; las diputaciones en un 13%; y el Estado en un 3,9%. Por el contrario, los municipios descendieron su inversión en obra pública en un 8,6%.

De los más de 995 millones de euros de gasto total en Galicia, el 65,8% –655,6 millones– estuvo destinado a obras civiles, mientras que el 34,2% restante fue edificación –340,2 millones–.

Por provincias, la inversión de las administraciones en obras tan solo bajó en Ourense, un 33,15%, con más de 76,7 millones en 2020 con respecto a los casi 115 del año anterior. Donde más subió fue en Lugo, hasta los 203,5 millones (+49,1%), mientras que en Pontevedra creció hasta los casi 354,5 millones (+12,5%) y en A Coruña a 361,1 millones (+2,7%).

«APUESTA DECIDIDA POR LA INVERSIÓN»

A la vista de estas cifras, la Federación Gallega de la Construcción ha destacado en un comunicado la «apuesta decidida por la inversión y por la reactivación de los procesos de licitación» de la Xunta, al suponer el 40% del total invertido en la Comunidad. Esto «contrasta con los datos a nivel estatal», ha añadido, donde los procesos de obra pública «llegaron a caer cerca del 30%».

No obstante, este colectivo advierte que «algunas» instituciones, principalmente las locales, «no están desarrollando la contratación pública dentro de la obligación general de tramitación electrónica», sino que siguen siendo «en papel y de modo presencial».

Es una circunstancia que los constructores consideran «preocupante» porque «incumple la ilegalidad vigente» y por «una cuestión de seguridad sanitaria».