La Federación de Autónomos de Galicia (Feaga) ha lamentado el establecimiento de las nuevas restricciones que entrarán en vigor este miércoles en la comunidad y ha urgido la adopción de medidas fiscales, laborales y sociales que palíen sus consecuencias económicas.
En un comunicado, ha advertido de que el cierre de la hostelería y la limitación de la apertura de comercios y servicios supondrán «un auténtico holocausto» para el sector de la hostelería y «la ruina de miles de autónomos de Galicia» si no se articulan ayudas para «compensar esta tragedia».
En esta línea, Feaga ha incidido en la necesidad de que se adopten medidas que permitan «salvar el tejido productivo» y «todo el empleo que sea posible», para lo que resulta preciso acompañar al sector de «un potente paquete de apoyos económicos directos, ágiles y proporcionados» a la situación actual.
Para ello, ha propuesto establecer un plan de medidas urgentes que contemple la moratoria y el aplazamiento automático del pago de impuestos hasta finales de 2021 y la reducción del tipo de IVA aplicable a los sectores más afectados por las restricciones, además del correspondiente a la energía.
También ha planteado reducir la modificación de la contabilización de las mediciones que afecta al impuesto de matriculaciones de vehículos y reducir el tipo de interés aplicado ante el retraso del abono de impuestos. Del mismo modo, ha abogado por adaptar las líneas del ICO a las necesidades derivadas de la pandemia, entre otras medidas fiscales.
EXTENSIÓN DE LA VIGENCIA DE LOS ERTE
En cuanto al ámbito laboral, la federación ha pedido que la vigencia de los ERTE y las prestaciones por cese de actividad se extienda durante todo el año, así como la reducción de las cuotas de autónomos y las cotizaciones sociales abonadas por estos y las empresas. Asimismo, han exigido un refuerzo de los juzgados de lo social que aborden situaciones derivadas de la crisis, como los ERTE, y la flexibilización de estos últimos.
Paralelamente, la Federación de Autónomos de Galicia ha apostado por la adopción de medidas vinculadas al IRPF, como que el Estado no compute como segundo pagador para las personas que se encuentren en ERTE y que se proteja la deducción de maternidad para las madres a las que se haya aplicado este expediente.
Además, ha solicitado el establecimiento de una deducción mayor para los arrendadores que hayan accedido a reducir el coste del alquiler y una ampliación del gasto deducible por suministros para autónomos y pequeños empresarios que hayan trabajado en su domicilio.
Adicionalmente, la entidad ha resaltado la necesidad de incentivar el consumo, así como de establecer ayudas directas para costes fijos que deben sufragar los autónomos y apoyos para estos y las pymes.