La Xunta ha acusado al Gobierno central y Audasa, concesionaria de la AP-9, de «actuar unidos en contra de los intereses de los gallegos» después de que la compañía haya solicitado a la Administración autonómica el abono de las bonficiaciones por los peajes de Rande y A Barcala en virtud del fallo del Tribunal Supremo de febrero de 2020.

En un comunicado este sábado, censura que «dos semanas después» de que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana «reclamasen directamente» a la Xunta que haga frente a estas cuantías, la concesionaria se haya dirigido al Gobierno gallego para exigir lo mismo.

La Xunta aporta el documento en el que Audasa solicita las bonificaciones por la supresión del cobro de los ‘peajes en sombra’ en los trayectos Vigo-O Morrazo y A Barcala-A Coruña.

La Administración gallega pone el foco en que el Consejo de Estado dictaminó que estos peajes suponían para Audasa «un enriquecimiento injusto» que la Xunta ve respaldado por el Gobierno de España.

«Está apoyando que ese enriquecimiento se mantenga y lo haga, además, con dinero de los gallegos», añade la Xunta, que recuerda la subida de peajes en la Autopista del Atlántico de principios de año.

«El Gobierno de España autorizó esa nueva subida sabiendo que el Consello Consultivo de Galicia la considera ‘nula de pleno derecho’ y a pesar de que en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 se prevé anular esa subida y bonificar la autopista», incide el Gobierno autonómico.

Así las cosas, califica de «broma de mal gusto» que Estado y Audasa «actúen de forma conjunta y reclamen a la Xunta el pago a la concesionaria de las bonificaciones» de estos peajes «cuando hay un acuerdo cerrado entre Gobierno y Xunta del año 2018 por el cual la Administración autonómica dejaba de cofinanciar la bonficiación del peaje de esa autopista estatal».