Los principales sindicatos agrarios en Galicia (Unións Agrarias y Sindicato Labrego) han pedido este viernes al ministro de Agricultura, Luis Planas, que la comunidad gallega no sea discriminada en el reparto de la nueva Política Agrícola Común (PAC) hasta 2027.

El secretario xeral de Unións Agrarias (UU.AA.), Roberto García, ha alertado de que las explotaciones lácteas y familiares de Galicia serán «las grandes perjudicadas» de la reforma de la PAC –actualmente el Ministerio elabora el plan estratégico–, por lo que pide que se tengan en cuenta las «especificidades» de la comunidad.

Y es que avisa de que Galicia es la comunidad con menos hectáreas admisibles para el reparto de ayudas, al tiempo que pide priorizar a las pequeñas explotaciones.

García también llama a que la desaparición de derechos históricos se alargue más en el tiempo para una transición moderada, a la vez que advierte de que la nueva gestión de residuos agrarios y purines puede supone una reconversión «brutal» y «muy costosa» en granjas de montaña.

Junto a esto, el líder de UU.AA. también ha pedido al ministro que vele por los productores lácteos antes del inicio de la negociación de los contratos para el próximo año. Insta a que se habiliten herramientas «coercitivas» y de mediación reales para que no haya negociaciones «fraudulentas» de imposición de precios a ganaderos.

En esta línea, la secretaria xeral del Sindicato Labrego Galego (SLG), Isabel Vilalba, ha denunciado ante Planas los criterios de reparto a actuales con base al número de hectáreas, que convierten a Galicia en «la gran discriminada del Estado».

Pone el foco sobre que Galicia es la única autonomía con más cotizantes en la Seguridad Social agraria que perceptores de la PAC. Y es que los productores gallegos son los que menos ayudas de la política común europea perciben, con una media de 2.590 euros frente a los 4.000 euros de la media estatal.

Por tal motivo, reclama que se cambien los criterios de reparto, de forma que se prioricen cuestiones como el número de puestos de trabajo generados por cada hectárea agraria. Una necesidad de reparto equitativo que se acentúa con la situación de la covid.

Junto a esto, Isabel Vilalba ha requerido una ley de cadena alimentaria más eficaz, al tiempo que emplaza a que el decreto de purines persiga a las producciones intensivas que «realmente contaminan» y no a los pequeños productores.

En este encuentro en Santiago también han participado el conselleiro de Medio Rural, José González; el director general de Producciones y Mercados Agrarios, Fernado Miranda; y el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada.