Las víctimas de violencia machista tendrán deducciones por la compra de vivienda habitual en Galicia, de forma que se rebaja el tipo al 3% en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales –esta rebaja puede ser el del 100% en caso de que sea en zonas poco pobladas–, así como al 0,5% en el de actos jurídicos documentados.

Esta esa una de las principales enmiendas –presentada por el PSdeG y transaccionada con el PPdeG– que han salido adelante este viernes en la comisión de Economía, en la que se ha elaborado el dictamen del proyecto de ley de acompañamiento a los futuros presupuestos gallegos de 2021.

De tal forma, las cuentas gallegas –y ley de acompañamiento– terminan su tramitación en la Comisión de Economía y solo queda pendiente su aprobación en el pleno del Parlamento autonómico.

Así, han salido adelante una treintena de enmiendas que ha presentado el propio Grupo popular al texto de la ley de acompañamiento –que ya de por sí modifica diferentes leyes–, debido a cuestiones como corrección de errores o adaptación de medidas a la pandemia.

La docena de enmiendas del Bloque han sido rechazadas, mientras se ha dado luz verde a tres del PSdeG más otras dos transaccionadas –con cerca de 40 presentadas–.

ENMIENDAS APROBADAS

Entre las enmiendas aprobadas al PSOE, se encuentra que las madres funcionarias tendrán un descanso obligatorio e ininterrumpido de seis semanas tras el parto, pero las otras 16 semanas –son un total de 22 semanas de permiso– pueden distribuirlas en función de sus intereses, sin la obligatoriedad de que esas 22 semanas se cogiesen de forma ininterrumpida como hasta ahora.

De la treintena de enmiendas realizadas por el PP destacan algunas como la que fija que las funcionarias víctimas de violencia machista que reduzcan su jornada mantendrá sus retribuciones íntegras cuando esa disminución sea de un tercio o menos de su jornada.

Otra medida pasa por poder alterar el orden de los procesos selectivos como prevención ante la pandemia, de forma que sea posible, por ejemplo, hacer antes los exámenes eliminatorios para que a las pruebas colectivas llegue menos volumen de gente. La realización de ejercicios podrá hacerse en diferente turnos y sedes para mayor seguridad. Igualmente, las personas en cuarentena tendrán fechas alternativas.

También se valorará como mérito en las convocatorias de procesos selectivos del Sergas el haber prestado servicios contra la pandemia. Esto no resulta de aplicación en procesos actualmente en tramitación.

Además, se enmienda por parte del PP la exención del canon del agua y el coeficiente de vertido para bares, hoteles y discotecas –desde el 5 de noviembre de 2020 y hasta que se levante la emergencia sanitaria– para incluir que los beneficiarios de ese descuento serán los que tengan que solicitarlo. A este respecto, el PSdeG ha criticado el impacto «residual» de esta medida de solo 92.600 euros.

Hay una modificación de la ley de caza –que el PP define como «proteccionista– en relación con la declaración de una explotación cinegética comercial, de manera que tras los seis meses de plazo que tiene la Xunta para resolver una petición el silencio administrativo será negativo, en vez de positivo como sucedía hasta ahora.

Entre otros cambios, también se prorrogarán los mandatos de las juntas rectoras de montes vecinales hasta el 31 de diciembre de 2021 debido a que la pandemia impide la celebración de asambleas.

Asimismo, se podrá subvencionar a entidades que gestionen una escuela infantil –de 0 a 3 años–, sin el requisito de tener que ser titulares como hasta ahora, con el fin de aplicar bonificaciones por el segundo hijo. Según ha explicado Paula Prado (PP), se busca que las familias estén en condiciones de igualdad, pues había «un limbo» para los encargados de dar el servicio sin ser titulares.

Las personas mayores podrá ser sustituidas en asambleas generales de cooperativas por familiares que los representen.

En otro orden de cosas, se clarifica el pase a segunda actividad de personal laboral forestal a partir de los 60 años.

DEBATE

En el debate, Olalla Rodil (BNG) ha avisado de que estos serán «los últimos presupuestos expansivos de esta legislatura», por lo que cree «importante» no limitar la capacidad de recaudación del Gobierno para reforzar servicios públicos.

A renglón seguido, demanda una mayor «progresividad» en los tributos. El Bloque hacía dos propuestas, rechazadas por los populares, que pasaban por gravar a grandes áreas comerciales, así como a grandes tenedores de viviendas –personas jurídicas– por tenerlas vacías.

Todo ello, en una intervención en la que la diputada nacionalista ha cargado contra el «uso y abuso» del PP de esta ley, que supone un «totum revolutum».

Juan Carlos Francisco Rivera (PSdeG) ha censurado el «abuso» del PPdeG del modelo de la ley de acompañamiento a los presupuestos, ya que en los últimos «tres-cuatro años» ha supuesto la modificación de 84 leyes, con lo que evita un «debate sosegado y específico» de cada norma.

El socialista censura la apuesta del PP por un planteamiento fiscal «absolutamente regresivo», con «un desplazamiento» de carga fiscal hacia impuesto de IRPF desde sucesiones y patrimonio, de manera que «se está favoreciendo a las rentas altas».

Pone de ejemplo que entre 2010 y 2019 hubo beneficios fiscales por 211 millones en el IRPF, muy por debajo de los 1.120 millones en beneficios en el impuesto de sucesiones en el mismo periodo y de los 668 millones en patrimonio.

Una de las cuestiones sobre las que han llamado la atención tanto PSdeG como BNG es acerca de la «absoluta inseguridad jurídica» que supone una nueva modificación en la ley del suelo, que «cambia continuamente».

«Para mí no es la herramienta ideal», ha dicho Paula Prado (PP) sobre la ley de acompañamiento, si bien ha remarcado que «es una herramienta útil» para hace modificaciones legislativas que «están atascando expedientes» y para actualizarse tras últimas sentencias sobre diferentes cuestiones.