La CIG ha denunciado el deterioro de las condiciones de vida de la clase trabajadora gallega ante lo que ha exigido la ratificación de la Carta Social Europea y todos sus protocolos para incrementar el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.150 euros.

El secretario xeral del sindicato nacionalista, Paulo Carril, ha presentado este lunes el informe de Ingresos Salariales en Galicia en 2019 elaborado por la CIG, un documento que, según ha indicado, constata el «incremento de las desigualdades» entre las personas asalariadas, la «importante pérdida de poder adquisitivo» y «el alarmante avance de la precariedad» entre los trabajadores gallegos.

Ante esta situación y más allá de la «necesaria derogación de las reformas laborales», Carril ha reclamado que todas las políticas públicas caminen hacia conseguir unas condiciones de vida dignas. Así, sobre la mesa ha propuesto el incremento del SMI hasta los 1.150 euros, atendiendo a las recomendaciones de la Carta Social Europea, según la que tendría que ser de, cuando menos, el 60% del salario medio.

Carril ha lamentado que se sitúe este asunto de nuevo en el diálogo social cuando, en su opinión, lo que hay es que «aplicar de una forma clara e inequívoca lo que establece la legislación, lo que establece la Carta Social Europea». De este modo, además de la ratificación por parte del Estado español de la esta carta, ha demandado el refrendo de todos los protocolos de reclamación colectiva que existen desde el año 1995.

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Carril, que ha denunciado que el Gobierno español no los quiere incluir en su ratificación, ha señalado que para poder combatir la pobreza laboral y dignificar las condiciones laborales y salariales, la negociación colectiva juega un papel fundamental.

A este respecto, el responsable de Negociación Colectiva del sindicato, Francisco González Sío, ha censurado su paralización ya que, mientras a esta altura el pasado año se negociaran 152 convenios que afectaban a 205.000 trabajadores, este año solo se negoció la mitad.

De este modo, ha acusado a la patronal de estar poniendo dificultades para avanzar en la negociación colectiva «imposibilitando la realización de asambleas, el reparto de información en los centros de trabajo o sustituyendo las reuniones físicas por un modelo telemático que dificulta la comunicación con los trabajadores».

A ello ha añadido la «limitación» de la negociación colectiva por parte de los sindicatos españoles y la patronal, por supeditarlo todo al diálogo social y «hurtar el derecho de los trabajadores a negociar desde Galicia sus condiciones laborales».

PLATAFORMA DE MÍNIMOS

Frente a ello, ha presentado la plataforma de mínimos de la CIG, que tiene en cuenta las situaciones que se viven en los centros de trabajo debido a la pandemia en cuestiones como la necesidad de prestar especial atención a todo lo que tiene que ver con la adaptación de la jornada para la atención de la población vulnerable, con las solicitudes de cuidados, de reducción de jornada, jornadas intensivas o licencias remuneradas.

Entre otras cuestiones, la plataforma también contempla compensaciones de salarios en las contingencias comunes y en las cuarentenas derivadas de la covid.

Además, en cuanto a los ERTE, se ha referido a problemas como los atrasos de los pagos y ha considerado que se tiene que negociar tanto la compensación al 100% como el pago inmediato ya que «hay trabajadores que llevan meses sin percibir esa cuantía tan necesaria para vivir».

DATOS DEL INFORME

La CIG ha explicado que realiza su informe anualmente con los datos recogidos en el estudio ‘Mercado de trabajo y pensiones en las fuentes tributarias’, publicado por la Agencia Tributaria.

De estos, según ha señalado Paulo Carril, se desprende que «cada día más sectores de la clase trabajadora gallega son pobres, aunque mantengan un empleo». Así, nueve de cada diez contratos son temporales, más de medio millón de personas, el 20% de la población o está en riesgo de pobreza o ya está en la pobreza severa.

Esta cifra, conforme ha señalado, aumentó respecto del año anterior en 1,2 puntos y lleva a que la provincia de Ourense esté a la cabeza de estos indicadores.

Además, ha señalado que, según las encuestas publicadas por el INE sobre condiciones de vida, el 47,20% de las familias gallegas, de acuerdo con los indicadores de condiciones económicas y demás indicadores que maneja el informe AROPE, «habitan o viven en condiciones inseguras e insalubres». Además, el 20% de las familias tiene como sustento fundamental lo que ingresan las mujeres.