El vicepresidente económico y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, asegura que el estatuto electrointensivo aprobado por el Gobierno «responde a un criterio territorial y no a una verdadera apuesta por la industria».

«No solo llega tarde, sino que es insuficiente y no da una respuesta a los grandes consumidores de energía de nuestro país», ha denunciado este miércoles. Según Conde, el estatuto no permite «competir en igualdad de condiciones con respecto a otros países como Francis y Alemania».

Además, ha afirmado que «Galicia sale una vez más perjudicada frente a otros territorios», al «recortarse las ayudas» a la industria de la comunidad.

Con el nuevo marco, apunta la Xunta, se pasa de apoyar a 120 empresas en España a 600 «y desde ese punto de vista los grandes consumidores electrointensivos no tienen una respuesta».

Tampoco observa «un compromiso claro desde el punto de vista de los mecanismos de CO2» ni que se atiendan «las principales alegaciones» trasladadas por Galicia, Cantabria y Asturias, en concreto sobre la figura de los grandes hiperelectrointensivos.

De igual modo, el conselleiro ha señalado que no están contempladas en el texto final otras medidas de carácter fiscal que el Gobierno gallego consideraba «imprescindibles» para abaratar el precio energético.

Por todo lo señalado, ha apelado a que el Ejecutivo central «rectifique esta política energética que está dejando a un lado la industria y que está poniendo en una situación verdaderamente complicada que los empleos industriales puedan tener un futuro».

Con respecto al caso concreto de Alcoa en Cervo (Lugo), ha defendido que «en el momento en que se pueda dictaminar que la compañía no está dispuesta a darle continuidad, autonómicamente la única solución posible es la intervención».

VALORACIÓN DE LA CIG

Por su parte, la CIG considera que el estatuto «llega tarde y resulta insuficiente, teniendo en cuenta que no se aclara cuál será la rebaja efectiva en el precio de la electricidad para la industria gran consumidora de energía».

«No establece mecanismos de garantía de empleo reales, ni se modifica el mercado de casación de precios en el mercado mayorista, a pesar de ser la principal causa del elevado coste de la electricidad para el sector», advierte.

Para el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, se está «ante una constatación más de esta acumulación de retrasos injustificados por parte del Gobierno español, con el impacto que tiene en la industria gallega».