El comité de empresa de Alcoa en Cervo (Lugo) se ha mostrado a la expectativa tras la aprobación del estatuto de las empresas electrointensivas, que, avisa, no será «la panacea».

En declaraciones a Europa Press, su presidente, José Antonio Zan, espera «a ver qué fortaleza» se da a las ayudas en el fondo para la sostenibilidad cuya tramitación ha acordado este martes también el Gobierno.

Además, Zan lamenta que el estatuto electrointensivo, que llega casi dos años después de que se iniciaran los trabajos para su desarrollo y tras haber sido una reclamación permanente de la gran industria electrointensiva para abaratar el precio de la energía, no incorpora «ninguna de las alegaciones» que trasladaron los sindicatos.

Por eso apela a «ver bien el contenido» del nuevo fondo, que sustituye al sistema de las subastas de interrumpibilidad, para ver «qué fortaleza» aporta en ayuda a fábricas como la de Alcoa en A Mariña.

NUEVO FONDO

En concreto, el Gobierno creará un fondo que financiará los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos, eminentemente fijos, que dejarán así de formar parte del recibo de la luz, y que será costeado por las aportaciones de todas las empresas suministradoras de energía (comercializadoras de electricidad, gasistas y petroleras), con el objetivo de rebajar la factura doméstica al menos un 13% en cinco años gracias a la disminución de los cargos.

El Consejo de Ministros ha acordado este martes iniciar la tramitación urgente del anteproyecto de Ley para la creación de este denominado Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE).

El Ministerio indicó que la creación de este mecanismo tiene el triple objetivo de «evitar subidas en el precio de la electricidad, dar señales claras de electrificación de la economía y aportar la certidumbre, sostenibilidad y equilibrio al sistema que permitir la movilización de las inversiones necesarias en los próximos años».

En concreto, el fondo asumirá los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (RECORE), que ascienden a unos 6.600 millones de euros al año y serán así sacados del recibo de la luz que abonan directamente los consumidores, tanto hogares como empresas. En concreto, este coste supone aproximadamente el 16% del recibo eléctrico doméstico.

El mecanismo será financiado con las aportaciones de todas las empresas suministradoras de energía y podrá rebajar la factura eléctrica doméstica al menos ese 13% en cinco años gracias a la disminución de los cargos, según estimaciones del gabinete dirigido por Teresa Ribera.

De esta manera, y al contrario que en el sistema actual, en el que la aportación recae directamente sobre los consumidores finales, los sujetos obligados a la financiación de este mecanismo serán los comercializadores de todos los sectores energéticos (las empresas comercializadoras de gas natural y electricidad, los operadores de productos petrolíferos al por mayor, los operadores de gases licuados de petróleo al por mayor y los consumidores directos de los productos anteriores), que contribuirán al fondo en función de sus ventas.

Con la foto fija actualmente existente basada en los volúmenes de venta, el sector que más debería contribuir a este fondo sería el petrolero, con el 43% (unos 3.000 millones de euros); seguido del eléctrico, con el 31% (algo más de 2.000 millones de euros), y el gasista, con el 25% (unos 1.700 millones de euros). No obstante, fuentes del Ministerio subrayaron que no se debe hacer un análisis en foto fija, ya que lo que se busca es «dar señales y los sectores van a responder a señales».

JURÍDICAMENTE «MUY SÓLIDA» FRENTE A LA LITIGIOSIDAD DEL SECTOR

Las mismas fuentes dieron «por descontada» la litigiosidad por parte de las empresas al fondo, como ocurre en el sector con gran parte de sus cambios regulatorios, aunque consideraron que esta normativa es jurídicamente «muy sólida».

En este sentido, dejaron claro que se trata de una prestación no tributaria, «por lo que no se trata de una medida fiscal» y añadieron que en el caso de los mercados que están regulados, como por ejemplo el PVPC (tarifa regulada) en la electricidad, será necesario llevar a cabo «una adaptación» en sus precios para incorporar este coste.

Asimismo, se nutrirá de la recaudación de tributos regulados en la Ley 15/2012 y de los ingresos procedentes de subastas de CO2. Además, podrá complementarse con recursos provenientes de fondos comunitarios y otras partidas consignadas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

No obstante, para garantizar la equidad y la redistribución, existirán exenciones y compensaciones para aquellos sectores con menor capacidad de adaptación y respuesta al nuevo sistema.

Entre estas exenciones figuran el consumo eléctrico para almacenamiento, el gasóleo agrícola, el gas natural para cogeneración y generación eléctrica, el queroseno para aviación, el gasóleo para navegación y pesca (excepto embarcaciones de recreo), así como el porcentaje de mezclas de bios en combustibles y de gases renovables en el gas natural.

En las bonificaciones por los posibles costes indirectos que pudieran derivarse sobre los consumidores figuran el gasóleo de usos profesionales y la industria electrointensiva o la consumidora de gas natural pertenecientes a sectores en riesgo de ‘fuga de carbono’.

El fondo, que estará gestionado por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), será un nuevo ingreso del sistema eléctrico que sustituirá gradualmente, en un periodo de cinco años, los cargos fijos del sistema eléctrico del RECORE incluidos actualmente en los peajes de acceso de la factura eléctrica.

Así, el texto prevé un calendario de cinco años hasta la implantación total del FNSSE, lo que permitirá que la aplicación del nuevo marco se haga de manera gradual y lineal para facilitar la adaptación de todos los actores implicados.

En concreto, el objetivo es que ese trasvase del importe de la retribución a las renovables sea proporcional, siendo el primer año del 20%, para el segundo alcanzar el 40% y el tercero el 60%, hasta alcanzar el 100% al quinto ejercicio.

Igualmente, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia pondrá a disposición de los agentes instrumentos públicos de apoyo en los próximos tres años para acompañarlos en esta transición. Asimismo, la implantación gradual permitirá a los consumidores adecuar sus pautas de consumo a la nueva situación.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha destacado que este anteproyecto de Ley es «una propuesta fundamental para conseguir dar las señales adecuadas a consumidores e inversores, señales acordes con la descarbonización y la transición energética necesaria, dando cabida a la estabilidad y confiabilidad a los actores del sistema eléctrico».

De esta manera, el Gobierno da un vuelco al diseño actual del sistema energético, creado en 2012 por el Ejecutivo del PP para contener el déficit de tarifa entonces existente y planteado en un contexto de precios de la electricidad altos, un ‘mix’ de generación con fuerte presencia de tecnologías fósiles y emisoras y una demanda creciente para adaptarlo a los objetivos de descarbonización y la situación actual.

Este nuevo escenario, con un descenso de la demanda debido al papel central de la eficiencia energética, un escenario de precios cada vez más bajos por la mayor penetración de renovables y la salida del carbón del ‘mix’, generan una menor recaudación, poniendo en riesgo el equilibrio económico y financiero del sistema eléctrico.