El vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde, ha criticado que el estatuto del consumidor electrointensivo «llega tarde y llega sin consenso».
«Las empresas electrointensivas están ante una situación de incertidumbre sin que los pagos por CO2 se hubiesen ampliado hasta lo máximo permitido», ha recriminado.
Así, empresas como Alcoa, que quiere cerrar la planta de aluminio de Cervo (Lugo) y otras en la comunidad que hacen un uso intensivo de electricidad, según ha advertido, «no tienen una certidumbre clara sobre la situación a futuro».
Además, ha acusado al Gobierno central de aprobar este estatuto «sin consenso porque no se puso en contacto con las comunidades autónomas». «No tenemos una respuesta a las propuestas trasladadas», ha afirmado, antes de señalar a la «incertidumbre sobre si se incluyeron las iniciativas» que aportaron de manera conjunta la Xunta y los ejecutivos de Asturias y Cantabria.
DELEGADO DEL GOBIERNO
Por el contrario, el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, celebra un estatuto de los consumidores electrointensivos que «aporta seguridad y certidumbre» a la industria gallega.
A través de un comunicado de prensa, explica que las compañías «quedan dotadas de un marco jurídico y económico que mejora la competitividad».
Losada incide en que «se da así cumplimiento a un compromiso adquirido por el presidente, Pedro Sánchez, y la ministra de Industria, Reyes Maroto, con las empresas gallegas».
