El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este jueves el decreto por el que se desarrollan aspectos relativos al ajuste de la asignación gratuita de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en el periodo 2021-2030.
Este decreto, del Ministerio para la Transición Ecológicay el Reto Demográfico, establece las condiciones para acceder a estos derechos «básicos» para la supervivencia de la industria electrointensiva, según destaca el presidente del comité de empresa de Alcoa en Cervo (Lugo), José Antonio Zan.
En declaraciones a Europa Press, Zan recuerda que el año pasado la multinacional del aluminio, que quiere cerrar la planta de aluminio de A Mariña, recibió 22 millones de euros por estos conceptos, mientras que la fábrica de alúmina, también en San Cibrao, percibió otros 2 millones.
Tras anunciar la ministra que este mes el Gobierno prevé aprobar el estatuto para la industria electrointensiva (pendiente desde hace años), el representante de los trabajadores remarca que lo prioritario es «dar viabilidad» a la factoría, a la que la compañía quiere aplicar un despido colectivo para 524 empleados.
Ese futuro pasa, según el comité, por una solución «política» que implique o bien la intervención pública o bien la venta a otro inversor interesado en la fábrica.
A partir de ahí, Zan reclama «el máximo» de las compensaciones por emisiones de dióxido de carbono, que, explica, buscan evitar la competencia desleal con industrias de otros países.
A LA ESPERA DE LA SENTENCIA
En este contexto, la plantilla se mantiene a la espera de la sentencia que emitan los magistrados, después de que se celebrase el juicio por la demanda contra el expediente de regulación de empleo (ERE) para la planta de aluminio.
En este escenario prosigue la huelga con la que los trabajadores bloquean la salida de aluminio, y también persisten las medidas cautelares adoptadas por los tribunales, que impiden a Alcoa parar las cubas de electrolisis.
