El vicepresidente segundo de la Xunta, Francisco Conde, espera «poder seguir avanzando» en una solución para los trabajadores de la planta de Alcoa en Cervo (Lugo) con el juicio que se celebra el jueves para dirimir la impugnación del expediente de regulación de empleo (ERE).

«Seguimos en un nuevo capítulo de este viaje a ninguna parte de Alcoa, que lamentablemente se mantiene en la confrontacion y no acepta trabajar en soluciones que permitan dar viabilidad a la planta y una respuesta al interés general que es el mantenimiento de los puestos de trabajo», ha destacado el también conselleiro de Economía, en declaraciones a los medios de comunicación en Lugo.

«Nosotros vamos a seguir defendiendo el posicionamiento, lo haremos el jueves en ese juicio para resolver la impugnación del expediente de regulación de empleo», ha agregado.

Así, ha esperado poder «seguir avanzando precisamente para encontrar una solución que pasa por que Alcoa permita mantener esos puestos de trabajo». Los trabajadores «saben que pueden contar con el apoyo de la Xunta y del Gobierno de España, seguimos trabajando de forma conjunta», ha apostillado.

Cuestionado sobre si ve margen para que la empresa rectifique, ha afirmado que el Ejecutivo gallego continúa con «la mano tendida», pero ha constatado que eso es «una opción que depende de Alcoa».

«Tanto el Gobierno de España como la Xunta trasladamos nuestra voluntad de poder llegar a un acuerdo para retomar esas negociaciones para la venta de la planta y eso es una decisión que tendrá que tomar Alcoa», ha resuelto.

De este modo, ha concluido que «la mejor solución es encontrar un acuerdo» con el que ganarían «todos» y no se estaría «en esta situación» con el conflicto en los juzgados.

TSXG

En las últimas horas, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso de la multinacional contra la medida cautelar que le impide parar las cubas de electrolisis de la planta de aluminio.

Esta prohibición la establece para dar garantías a una eventual reincorporación de los trabajadores en el caso de que el ERE sea tumbado por la justicia.