Tres organizaciones sectoriales integradas en la confederación de empresarios de Galicia (CEG) reclaman la retirada de la organización de «personas que ya empiezan a mostrar actitudes más similares a regímenes dictatoriales» que a los de carácter democrático.
De esta manera reaccionan tras la renuncia de José Manuel Díaz Barreiros, en un comunicado de prensa conjunto, la Federación Autonómica de Centros de Ensino Privado (Cece Galicia), la Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas (Asime) y la Asociación Empresarial Gallega de Centros Especiais de Emprego Sen Ánimo de Lucro (Cegasal).
El escrito está firmado por sus responsables: el expresidente de la patronal gallega Antón Dieter Moure, Enrique Mallón y José Antonio Vázquez Freire, respectivamente, y contiene numerosas alusiones veladas al presidente de la confederación de empresarios de A Coruña, Antonio Fontenla, quien estuvo al frente de la CEG durante 12 años y en los últimos tres ha vuelto a ejercer como portavoz interino ante la falta de un máximo mandatario en la patronal.
Además, Moure, Mallón y Vázquez Freire denuncian una «estrategia acordada hace meses» para controlar la CEG que vinculan con los representantes de A Coruña (Fontenla), Lugo (Jaime López) y Ourense (Marisol Nóvoa).
La patronal gallega, que arrastra una crisis por enfrentamientos internos desde hace más de cinco años, sumó este jueves su cuarto presidente dimitido desde 2015 con la marcha de José Manuel Díaz Barreiros, quien lo hizo en el tiempo récord de dos días desde que se celebraron las elecciones, el pasado martes, por dudas sobre la legalidad del proceso.
Y es que hasta cinco minutos antes de que se celebrase la asamblea electoral eran dos los candidatos a presidir la CEG, él y Pedro Rey, pero llegaron a un acuerdo por el que este último se retiró y la asamblea no llegó a votar, sino que eligió a Díaz Barreiros por aclamación. Esto se produjo con la particularidad de que parte de los votos ya se habían emitido de manera telemática desde el pasado viernes y hasta primera hora del martes.
«PROCESO VICIADO»
«En primer lugar, manifestamos que desconocemos las razones reales de la dimisión de José Manuel Díaz y además en ningún momento hemos puesto en cuestión la elección o nombramiento y sí la necesidad del lógico y obligado escrutinio de votos ya emitidos», exponen las tres sectoriales en su comunicado conjunto.
El miércoles, un día después de la fecha de los comicios, solicitaron «simplemente el resultado del escrutinio de los votos emitidos telemáticamente y sin ninguna otra intención –subrayan– más que la de aportar cordura y coherencia a un proceso de votación paralizado sorpresivamente y viciado totalmente».
«Como es conocido se decidió paralizar un proceso de votación que se había abierto cuatro días antes y al que sólo le faltaban unos minutos para finalizar. Se cerró el proceso manifestando que el resultado había sido una elección por aclamación cuando eso es jurídica y legalmente imposible dado que 47 vocales de la asamblea ya habían votado telemáticamente desde el viernes anterior, optando, por las manifestaciones de algunos de nosotros, por distintas opciones que iban desde el voto a favor de alguno de los candidatos hasta el voto en blanco, que implicaba el voto contrario a ambos candidatos», subrayan.
Censuran que el cierre de este «proceso calamitoso» ha sido «comunicar a los medios de comunicación parte del resultado del escrutinio del voto telemático, parte, es decir, seleccionando la información que más puede convenir y alegando un certificado de la empresa gestora del sistema telemático, certificado que ninguno conoce».
«Esto se hace sin haber comunicado antes el resultado del escrutinio a los propios vocales miembros de la Asamblea General de la CEG, en donde se incluyen miembros incluso de los órganos directivos», critican.
«NADIE LOS ECHARÁ EN FALTA»
«Todo esto concluye un proceso que sólo se puede entender sabiendo quien es el artífice real no solo de esta nueva tropelía si no de otras anteriores y que consigue de esta forma configurar un proceso que se recordará como un hito desgraciado en la historia de la confederación», apuntan.
Por eso creen que «ha llegado el momento en el que representantes empresariales que llevan demasiado tiempo manipulando se retiren definitivamente de la vida pública y de la vida asociativa para intentar erradicar con ello actuaciones absolutamente deplorables y dar paso a savia nueva».
«Probablemente ya se han dado cuenta de la auténtica chapuza electoral que han realizado, una chapuza en la cual se saltan y burlan cualquier norma electoral por básica que parezca, paralizando a su antojo una votación que ya estaba en su tramo final», recriminan.
Y añaden que «solo alguien que ha perdido la noción de la democracia y que ha perdido la noción del respeto, del orden y de la dignidad, puede llevar a cabo esa estrategia y además vanagloriarse por ello». «Absolutamente esperpéntico», apostillan.
En este sentido, entienden que Díaz Barreiros, «probablemente», no dimite por haber solicitado unos vocales el recuento legítimo de los votos, «algo que aún en cualquier república bananera sería posible», sino «seguramente porque hay temor a que cualquier vocal impugne un proceso de votación que ellos han viciado».
Por ello, consideran que, «ante ese temor, probablemente prefieren repetir la estrategia que tenían acordada hace meses y a través de la cual se han burlado y han despreciado las buenas intenciones de muchos vocales de la CEG que buscaban un consenso real y no un transporte de 104 votos delegados llevados personalmente por tres personas».
Y cargan contra unas «actitudes y comportamientos caciquiles y absolutamente repugnantes» en una organización que desean que sea «democrática y participativa».
Para concluir, confían en «que se reflexione profundamente, que se dé cumplimiento a las normas democráticas, estatutarias, se respete la voluntad de las personas y si fuese posible se retiren de estas organizaciones personas que ya empiezan a mostrar actitudes más similares a regímenes dictatoriales». «Nadie los echará en falta», remachan.