Un total de 11.000 familias gallegas recurrieron desde julio a la Tarxeta Básica que aporta entre 450 y 900 euros trimestrales, en función del número de personas que conforman la unidad familiar, para dar cobertura a necesidades «de forma normalizada».

El dato lo ha dado el director xeral de Inclusión de la Xunta, Arturo Parrado, en la comisión de política social del Parlamento, a preguntas de la diputada del PSOE Marina Otero.

Ante la crisis derivada de la pandemia del coronavirus, la Xunta firmó a finales de junio el convenio de colaboración con Cruz Roja para la puesta en marcha de esta tarjeta.

A mediados de octubre, cuando iban unos 7.000 beneficiarios, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, anunció su ampliación por tres meses más, para ayudar a la adquisición de productos básicos a las familias vulnerables que lo precisen.

EL PSOE PIDE UN PLAN «POTENTE» FRENTE A LA POBREZA

Por su parte, la socialista ha subrayado que en estos momentos «excepcionales» hacen falta un plan y medidas «potentes y excepcionales» frente a la pobreza. «Hay que poner todos los recursos sobre la mesa. Sobre todo, en los hogares en que haya un niño», ha advertido.

En la respuesta, Parrado ha hecho referencia a una serie de medidas impulsadas por la Xunta, como la Tarxeta Básica, «flexibilización y agilización» de la Risga y el «refuerzo» de otras prestaciones económicas ya existentes.

Así, ha reivindicado el incremento del 50% de la partida presupuestaria para ayudas a la inclusión social, que pasó de 3 a 4,5 millones «para atender esas necesidades básicas» y ha cifrado en 1.750 las ayudas en este ámbito concedidas «de marzo a otoño».

Sobre la puesta en marcha de la Tarxeta Básica, ha valorado que es una ayuda «que no estigmatiza, normaliza y permite a las personas hacer las compras necesarias para dar cobertura a necesidades básicas de forma normalizada».

«Tomo nota de hacerlo extensivo al resto de ayudas», ha contestado a la parlamentaria, quien en su turno ha pedido «extrapolar esta filosofía a otras ayudas como la Risga» y otras de emergencia social, para darlas «de una forma más digna».

«PLANIFICAR EL FUTURO»

Además, como «no se sabe lo que va a durar» esta crisis, el director xeral ha apostado por «planificar el futuro» y en este marco ha circunscrito la renovación de «la agenda social única de Galicia», en colaboración con la Fegamp y las entidades sociales.

«Ya se había tenido una reunión pero se vio interrumpida por la pandemia, y en los últimos días nos pusimos en contacto con la Fegamp para retomarla y activar y poner esas medidas de coordinación», ha avanzado.

En la misma línea, ha señalado a «la próxima estrategia de inclusión social», puesto que está terminando la del periodo 2014-2020 y ahora toca «planificar esas medidas de los próximos años» que van del 2021 al 2027.

INGRESO MÍNIMO VITAL

Por último, sobre el ingreso mínimo vital aprobado por el Gobierno central, el responsable autonómico ha recordado que «Galicia quiere las competencias», pues «sería mucho más fácil» gestionar esta medida en la comunidad.

«Esa medida que está estancada y no se está llevando a cabo espero que se pueda poner en marcha y no pase como con la ley de dependencia», ha concluido.