La representación legal de la multinacional Alcoa ha apelado a la existencia de «pérdidas severas y recurrentes» para rechazar las medidas cautelares planteadas por los sindicatos CIG, CC.OO. y UGT, junto al comité de empresa de la fábrica de Cervo (Lugo), para paralizar el expediente de regulación de empleo (ERE) para 524 trabajadores e impedir que la multinacional inicie el proceso de parada de las cubas de electrolisis.
En su intervención, ante los magistrados del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el abogado de la parte demandada — Aluminio Español S.A. y Alcoa Inespal Coruña S.L– ha cifrado en 170 millones las pérdidas en los últimos tres años, incluidas las del actual ejercicio, que ha cifrado en 58 millones. «En las que no está incluido el impacto de la huelga», ha precisado sobre las protestas de los trabajadores.
«Hay una causa estructural», ha dicho para justificar el despido colectivo, del que ha rechazado que obedezca a un «capricho». «No se puede obligar a Alcoa a vender sí o sí», ha añadido sobre el interés de Liberty House, cuyas exigencias para la compra ha cuestionado.
«Es razonable lo que se pide», ha expuesto sobre las medidas cautelares el abogado del Estado, en representación del Ministerio de Industria, quien sobre la posibilidad de rearranque de las cubas –defendida por Alcoa– ha puesto en duda que pueda producirse «con la misma calidad o el mismo nivel productivo». «Un simple trágala por parte de la empresa a los representantes de los trabajadores», ha añadido el letrado de la Xunta sobre las negociaciones.
