El presidente del comité de empresa de la fábrica de Alcoa en Cervo (Lugo), José Antonio Zan, se ha mostrado confiado en que prosperen las medidas cautelares para paralizar el expediente de regulación de empleo (ERE) a 524 trabajadores, en la vista que acoge el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
No obstante, en declaraciones a los periodistas, antes del inicio de la misma, ha advertido que «este problema no lo solucionan los jueces solo en el ámbito laboral». Y es que el presidente del comité de empresa ha reclamado una solución en el «ámbito industrial» por parte de la Xunta y el Gobierno central.
Así, ha incidido en que ambas administraciones han catalogado la actuación de Alcoa como de «mala fe» por lo que ha insistido en que lo que tienen que hacer es «intervenir la empresa y venderla». «Es el mandato que tienen del Parlamento gallego y del Congreso», ha recalcado.
Por otra parte, ha manifestado que esperan que se suspenda la decisión de «paralizar las cubas porque estaría muerta la fábrica». Al hilo de ello, ha insistido en que confían que no se pueda materializar «hasta que se celebre el juicio que tendrá que dirimir si el ERE es en fraude de ley».
«Las malas decisiones de la empresa nos han llevado a un problema social y de pérdida de producción de aluminio primario», ha recalcado Zan, quien ha remarcado que la de este miércoles es una vista «pionera» en España.
INTERVENCIÓN
«Jamás ha habido una cautelar por un tema laboral», ha apostillado el presidente del comité de empresa quien ha pedido a Xunta y Gobierno central la aplicación de una intervención «temporal y pública para vender a un tercero» con posterioridad para evitar llevar a la Mariña lucense «a la muerte». «Gobierno y Xunta tienen que decidir si quieren hacer aluminio primario en España o quieren depender del de Arabia Saudí».
Con las medidas cautelares planteadas por las centrales sindicales CIG, CC.OO. y UGT, junto al comité de empresa de la factoría de A Mariña, pretenden impedir que la multinacional inicie el proceso de parada de las cubas de electrólisis.
En el procedimiento figuran como demandantes estos tres sindicatos y como demandados Aluminio Español S.A. y Alcoa Inespal Coruña S.L. Además, la Consellería de Economía, Empresa e Innovación y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo intervienen como «partes interesadas».
