La Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP), a través de su Asociación Profesional de Cuadros de Alcoa (CCP-APC), ha presentado una querella criminal ante la Audiencia Nacional contra Alcoa Inespal SL., Parter Capital Group y Grupo Industrial Riesgo por su supuesta implicación en la venta «irregular» de las plantas de A Coruña y Avilés, ambas propiedad de Alcoa hasta julio de 2019, y ahora en manos del Grupo Industrial Riesgo.

La querella insta a la fiscalía a que investigue el «plan maquinado» por los querellados que supuestamente consistía en trasladar la titularidad de estas dos fábricas a un fondo inexistente denominado, Grupo Industrial Riesgo, a través de System Capital Management, «sin histórico financiero y sin la solvencia necesaria para desarrollar la actividad industrial, poniendo en riesgo inversiones superiores a 40 millones de euros, comprometidos por Alcoa».

Debido a esta operación y a su gestión, el sindicato sostiene que está en riesgo la continuidad de más de 600 trabajadores y una importante afección en las comarcas donde se encuentran situadas.

«Las irregularidades que se han ido produciendo en el último año alcanzan presuntos delitos de estafa, alzamiento de bienes, actuar contra la seguridad de los trabajadores, así como por apropiación indebida e insolvencia», afirman las mismas fuentes sindicales.

En la querella presentada por CCP-APC también se insta la investigación de los responsables del fondo de inversión suizo Parter Capital Group y Grupo Industrial Riesgo a través de las sociedades instrumentales Blue Motion Technologies Holding AG, y la actual propietaria de las fábricas System Capital Management.

En la querella criminal CCP-APC pone de manifiesto cómo los querellados «urden un plan para hacerse con el control de las dos fábricas de Avilés y A Coruña mientras se estaba negociando una solución para evitar un Expediente de Regulación de Empleo comunicado por la dirección de Alcoa, en octubre de 2018, y que afectaba a 688 trabajadores de las dos plantas, y que, a todas luces ha resultado ser un presunto fraude».

En julio de 2019, Alcoa anunció la venta de las dos plantas a Parter Capital Group que se comprometió a mantener los puestos de trabajo de todos los empleados, al menos, durante dos años, «sin embargo este fondo de inversión suizo inició una negociación para su venta a los pocos meses, incumpliendo lo acordado con Alcoa», explica CPC-APC.

Con carácter previo a la compra, «Parter Capital Group y su fondo Blue Motion Technologies Holding AG habían constituido dos sociedades unipersonales de cartera y tenencia de activos ALU HOLDING AC SPAIN SL. y ALU HOLDING AVL 2019 SPAIN SL. con un capital social de 3.000 euros cada una de ellas, como sociedades pantalla que protegiesen al comprador de eventuales responsabilidades patrimoniales, convirtiéndose en titular de ALU IBÉRICA AC SL. (la antigua fábrica de Alcoa en A Coruña) y la ALU IBÉRICA AVL SL, (la fábrica de Alcoa en Avilés), con un capital social de 3 millones de euros cada una de ellas».

En la querella criminal, presentada por CCP-APC, se asegura que «nunca tuvieron intención de aplicar un plan industrial comprometido con los trabajadores, sin que se haya realizado hasta la fecha ninguna de las inversiones previstas en el plan estratégico del acuerdo de venta, condenando a las empresas a su desaparición, abocando a los trabajadores a acudir al Fogasa para poder cobrar el subsidio de desempleo».