El conselleiro de Medio Rural, José González, ha lamentado que la futura Política Agrícola Común (PAC) cuenta con un «presupuesto menor», mientras impone más obligaciones medioambientales a los productores, por lo que reclama «más tiempo y dinero» para facilitar la transición hacia esas políticas más «verdes».
«No podemos estar satisfechos», ha resumido el conselleiro después del acuerdo alcanzado este miércoles por los ministros de Agricultura de la UE sobre las reglas de la Política Agrícola Común (PAC), que entrará en vigor en 2023.
Y es que José González censura que «se consumó una rebaja del 10% de la PAC», al tiempo que pierde «peso relativo» en el presupuesto global de la UE, mientras solo «el 1%» de los fondos de reconstrucción irán al sector primario.
Sobre este último punto, emplaza al Gobierno a que «diga qué porcentaje va a ir al sector primario» de los 140.000 millones que irán a España del fondo europeo de recuperación.
Además, reclama al Gobierno central que «aclare» cómo se va a financiar la transición de los años 2021 y 2022 hasta la puesta en marcha del nuevo periodo de la PAC en 2023.
Con todo, ve una «buena noticia» que se reserve un 20% de los pagos directos a los nuevos ecoesquemas que introduce la reforma. En relación con el sector del vino, también valora que se incremente el periodo de los derechos de plantación.
«PREOCUPACIÓN» POR REPARTO DE AYUDAS DEL GOBIERNO
Junto a esto, José González ha mostrado su «preocupación» por que el Gobierno ya haya anunciado ayudas para sectores como los olivos con el favorecimiento de determinadas zonas del territorio.
Por tal motivo, también demanda apoyo a los sotos de castaños y pequeñas explotaciones agroganaderas propias del territorio gallego.
Asimismo, ha mostrado su desacuerdo con el decreto de deyecciones ganaderas –de tratamientos de purines– que elabora el Ejecutivo central, a la que la Xunta va a presentar alegaciones.
Finalmente, el conselleiro de Medio Rural ha resaltado que Galicia ha hecho «los deberes» al crear un grupo de trabajo con la USC que permite «ver todas las proyecciones de cómo afecta» a las explotaciones gallegas la futura arquitectura de la PAC.
