La CIG trasladará al Gobierno central, a la Xunta y a los grupos parlamentarios un plan alternativo con medidas transversales, sectoriales y sociolaborales para lograr una salida «justa» de la crisis provocada por la pandemia de la covid-19, frente a unos planteamientos para la reconstrucción en los que advierte «centralismo» con base en las «recetas de siempre».

Según ha destacado el secretario xeral de la central nacionalista, Paulo Carril, este martes en rueda de prensa, la CIG desarrollará un calendario de movilizaciones para dar a conocer este documento, porque está «en juego» el futuro de Galicia.

«Por mucho que vayan a ser puestas en marcha por un supuesto gobierno progresista, las medidas de la llamada reconstrucción no dejan de ser las recetas de siempre, dictadas desde la Unión Europea dominada por el capital y asumidas acríticamente por el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos», ha advertido.

Estas medidas «se aplican, además, desde una visión fanáticamente centralista y negadora de la realidad plurinacional del Estado», ha criticado Carril.

De hecho, se ha mostrado preocupado por que los criterios de reparto de los fondos europeos continúen con la «discriminación permanente» que denuncia que sufre Galicia, y que ve «palmaria y evidente».

Preguntado por la comisión de recuperación en el Parlamento gallego, también ha apuntado «preocupación» por si se está «asistiendo a un nuevo enredo de la mayoría del PP en la Cámara», y ha rechazado que este grupo «siga consumando una política destructiva del empleo» y «de inacción».

En concreto sobre los proyectos de la Xunta para captar fondos europeos, ha lamentado la «política de oídos sordos» de la Xunta, a la que ha acusado de no estar «dispuesta a trabajar de forma conjunta, sin sectarismos, para poner sobre la mesa los mejores proyectos».

DOCUMENTO

Así las cosas, Carril ha dado a conocer un documento en cuyo primer apartado recoge propuestas para «afianzar la intervención pública» en los sectores productivos estratégicos y en el financiero.

Apuesta por la creación de una banca pública gallega, el «retorno» al sector público de empresas privatizadas (como Alcoa y Alu Ibérica), la formalización de un concierto económico y la gestión directa de los fondos europeos destinados a la comunidad gallega.

También aboga por una fiscalidad «progresiva y más justa», por aumentar la inversión en I+D+i y por la mejora de los servicios públicos, con «especial atención» a la educación, la sanidad y los cuidados.

En cuanto a la transición energética, entre otras medidas, defiende la creación de una tarifa eléctrica propia, la racionalización de la gestión del monte, la creación de una empresa pública gallega de electricidad que gestione las centrales hidroeléctricas, la inclusión de Galicia en el plan de acción para el carbón «en igualdad de condiciones que otras comunidades» y convenios de transición «justa» para As Pontes e Meirama.

Junto al apoyo del naval, la construcción, el agroganadero y pesquero, la conserva, etcétera, también contiene actuaciones para la «recuperación de derechos laborales y sociales», que pasa, según la CIG, por la «derogación de las reformas laborales, de la negociación colectiva, de las pensiones y del desempleo».

Por su parte, la secretaria confederal de organización de la CIG, Susana Méndez, ha explicado que la central insta a la creación de «un sistema público gallego de servicios de atención a las personas», integrado por una única red que aglutine las actuales residencias, centros de día y servicios de ayuda en el hogar.