El Gobierno afirma que «la seguridad y la salud» de los trabajadores podían verse comprometidas por las condiciones de «inestabilidad» y por la situación en que se encontraba el material siniestrado, en relación con los vagones que Adif arrojó al río Sil.
En una respuesta al BNG en el Congreso, el Ejecutivo subraya que «la investigación continúa avanzando y se están documentando todas las circunstancias que condujeron a la caída de los vagones».
Y añade que se tuvo en cuenta «que en las actuaciones de encarrilamiento ha primado siempre la seguridad y la salud de los trabajadores, que podía verse comprometida por las condiciones de inestabilidad y por la situación en que se encontraba el material siniestrado».
Entre otras cuestiones, el diputado del Bloque Néstor Rego se interesaba por si «se depurarán responsabilidades una vez se determine qué personas u órganos de dirección adoptaron la decisión de tirar los vagones al río, adoptando las sanciones correspondientes para tales conductas».
«LAS RESPONSABILIDADES PERTINENTES»
En la respuesta, el Gobierno remite a la investigación abierta «a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y Adif».
Asegura, de hecho, que «Adif está analizando a fondo todas las acciones efectuadas durante la retirada del material descarrilado, en las que también participó Renfe, a través de Renfe Mercancías, como titular del tren, y a través de la empresa Renfe Fabricación y Mantenimiento, que realizó las labores materiales de encarrilamiento del tren».
«Una vez se disponga de todos los datos, se determinarán, en su caso, las responsabilidades pertinentes», añade. Además, señala que Adif «promoverá una revisión de sus protocolos para reforzar y mejorar todos los controles y que esta situación no vuelva a repetirse».
Asimismo, destaca que «se van a reforzar los protocolos que tiene Adif con el resto de operadores ferroviarios».
MODIFICACIÓN NORMATIVA
Por último, indica que Adif «seguirá colaborando con todas las administraciones públicas competentes (Xunta, Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) y Fiscalía) que están tramitando diferentes procedimientos que afectan a este suceso, esperando que se resuelvan lo antes posible y que se valore positivamente la rápida y adecuada acción para revertir los efectos de la caída de los vagones».
Y revela que «se está analizando proponer al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana una modificación normativa que suponga un cambio en las condiciones en que los operadores ferroviarios presten su servicio, para que sea más respetuoso con el medio ambiente, y que exista una cobertura específica con un seguro de responsabilidad civil para daños ambientales que puedan ocasionar los operadores ferroviarios».
