El diputado autonómico del BNG Luis Bará ha apostado por articular «una ofensiva institucional y social» y celebrar «una gran movilización» para alcanzar una solución para Maderas Iglesias.

Tras reunirse con el comité de empresa en Vigo, Bará ha comprometido a los trabajadores «el apoyo del grupo parlamentario del BNG» y de los alcaldes y portavoces de la formación en las localidades en las que residen.

Así, ha explicado que este momento resulta «clave y crítico para el futuro de esta empresa», por lo que ha considerado «fundamental que haya una gran movilización y una ofensiva institucional y social» que dé respuesta a la situación.

Por este motivo, ha avanzado que el BNG llevará este «problema» a los plenos de municipios del sur de la provincia de Pontevedra y realizará un pregunta parlamentaria «para saber qué hará la Xunta para buscar una solución».

En este sentido, ha criticado que el vicepresidente segundo del Gobierno gallego y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, haya pasado de «sacarse fotos» con el empresario de Maderas Iglesias a «ponerse de perfil».

Así las cosas, el diputado autonómico del BNG ha demandado que Conde «haga frente a esta situación» y se reúna con el comité de empresa. Además, ha señalado la necesidad de que la Xunta convoque una mesa con representantes de los trabajadores, la empresa, las entidades acreedoras y los municipios afectados.

Además, ha recordado que Maderas Iglesias cuenta con 148 trabajadores de los que la mayor parte son mujeres y presenta «una incidencia importante» en el empleo de ayuntamientos del sur de Pontevedra.

De este modo, Luis Bará ha insistido en que desarrolla «una actividad industrial fundamental con capacidad de futuro» que debe «salir adelante» y ha llamado a trabajar para «frenar la sangría de pérdida de puestos en el sector».

En concreto, la deuda de la empresa de tarima flotante con entidades bancarias asciende a 28 millones de euros y el personal no ha percibido la paga extra de verano y parte de la de marzo. Mientras, el Juzgado de Instrucción 3 de O Porriño decretó la puja de los terrenos.