El Observatorio Eólico de Galicia, dirigido por el investigador de la Universidade de Vigo, Xabier Simón, ha presentado este jueves su proyecto de «contrato tipo» para regular la instalación de parques eólicos en Galicia, con medidas para evitar la especulación y para que haya «un reparto de la tarta más equilibrado», protegiendo a los propietarios y al medio rural.

Este proyecto, en cooperación con la Fundación Isla Couto y la Fundación Juana de Vega, plantea que se aplique, en la instalación de parques eólicos, un modelo de contrato que recoja ciertas cláusulas para «equilibrar» las posiciones de propietarios de los terrenos y productores o promotores que van a explotar el recurso.

Según ha explicado Xabier Simón, la energía eólica puede ser una «oportunidad para convertir Galicia en un actor fundamental de la transformación energética y la transición ecológica», y ha recordado que la productividad en este sector en la comunidad gallega es mayor que en el resto de España (2.600 horas al año, frente a las 2.300 en el resto del territonio nacional).

Por ello, ha abogado por un cambio en las negociaciones para la implantación de estas instalaciones, de manera que se «fortalezca la parte más débil», es decir, los dueños de los montes. A ese respecto, ha explicado que, desde que se liberalizó el mercado en 2017, han proliferado los promotores-fondos de especulación, en detrimento de un desarrollo eólico «con sentido y con responsabilidad».

El presidente de la Fundación Juana de Vega, Enrique Sáez, ha recalcado que el desarrollo eólico «es una oportunidad si se hace bien», y ha pedido que haya «más transparencia» en las negociaciones y «equilibrio» entre las partes.

CLÁUSULAS

Entre las medidas propuestas en este modelo de contrato, que ya ha sido presentado a los grupos parlamentarios gallegos, destaca la necesidad de determinar de forma «muy clara» la superficie de terreno objeto del contrato, para evitar que las empresas den por hecho que «tienen todo el monte a su disposición».

El Observatorio, aunque no se inmiscuye en la renta que se debe pagar, sí propone que esa renta esté «vinculada a la productividad del parque»; asimismo, plantea que haya «un pago anual mínimo» en función de esa productividad y que, en la medida de lo posible, prevalezcan los acuerdos sobre las expropiaciones.

También propone que el contrato incluya una «cláusula de igualación» para equiparar las condiciones en caso de mejoras futuras, y que se regule el respeto a los servicios agrarios, ganaderos y forestales por parte de los productores, así como que los propietarios no entorpezcan el funcionamiento del parque.

Finalmente, también propone que se dé prioridad a la gente local en el empleo tanto para la construcción como la explotación de las instalaciones, y que las rentas «se empiecen a pagar tan pronto como se firmen los contratos, no años después».

PAPEL DE LOS AYUNTAMIENTOS

A preguntas de los medios, Xabier Simón, se ha referido al papel de los ayuntamientos en la implantación de los parques, un papel prácticamente inexistente. «Los ayuntamientos, desgraciadamente, pintan poco, porque no son propietarios y no tienen capacidad de vetar los parques», ha señalado.

En ese sentido, ha contrapuesto esta situación a lo que sucede en Portugal, donde cámaras municipales, freguesías y otras instituciones «son actores fundamentales» del desarrollo eólico e incluso reciben ingresos de hasta el 2,5 % de la facturación bruta.

En Galicia, ha lamentado Enrique Sáez, en el actual escenario cualquier empresa puede optar a instalar un parque eólico, por lo que ha advertido de que «no se pueden dar concesiones a 30 años sin saber quiénes son esas empresas, que se montan tinglados para saltarse las limitaciones».

La comunidad gallega cuenta con 180 parques eólicos, con entre 3.700 y 3.800 megavatios instalados, y las perspectivas de crecimiento a nivel nacional (unos 500 megavatios por año) «justifican medidas como la implantación de este contrato tipo», ha incidido Simón.