La decisión del Gobierno de permitir a los ayuntamientos recurrir «sin límite» de sus remanentes de tesorería supondrá que los municipios puedan disponer de un total de 16.913,4 millones de euros que han almacenado las entidades locales hasta septiembre de este año; de los cuales 1.285,1 millones de euros corresponden a las corporaciones gallegas.
Así se desprende de los cálculos realizados por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) a los que ha tenido acceso Europa Press y que están actualizados hasta finales de septiembre de 2020. Las entidades locales que mayores remanentes de tesorería disponen son las situadas en las comunidades autónomas de Cataluña, Canarias y Andalucía.
De este modo, Cataluña (2.597,8 millones) encabeza la mayor cifra de los remanentes de tesorería que las entidades locales tienen depositados en los bancos, seguida por Canarias (2.125,2 millones), Comunidad Valenciana (1.676,8 millones) y la Comunidad de Madrid (1.356,8 millones).
A continuación se sitúan los entes locales de Galicia, con 1.285,1 millones de remanentes, Castilla y León (1.264,4 millones), País Vasco (1.226,6 millones), Baleares (850,9 millones), Castilla-La Mancha (638,1 millones), Aragón (628,8 millones), Extremadura (426,5 millones), Cantabria (275,4 millones), Asturias (242 millones), La Rioja (108,7 millones), Murcia (107,8 millones), Navarra (106,3 millones), Melilla (33,93 millones) y Ceuta (16,63 millones).
Entre las ciudades más grandes, la ciudad de Madrid, con 3,26 millones de habitantes, dispone de 1.043 millones de euros en remanentes positivos, que podrá disponer para reducir déficit, mientras que Barcelona, con 1,63 millones de habitantes, cuenta con 159,29 millones de euros en remanentes.
Otras ciudades destacadas son Valencia (50,12 millones de euros en remanentes), Málaga (78 millones), Palma (65,3 millones), Sevilla (6,23 millones), Valladolid (49,77 millones) o Zaragoza (30,6 millones), según los datos recogidos por Europa Press.
HACIENDA SUSPENDE LA REGLA DE GASTO 2020 Y 2021
El Ministerio de Hacienda anunció el miércoles la suspensión de las reglas fiscales para todas las administraciones para este año y el 2021, lo que permitirá que los ayuntamientos puedan recurrir «sin límite» de sus remanentes de tesorería en este año y el próximo.
Esto permitiría disponer de la parte restante de los 14.850 millones «indisponibles» de los municipios, diputaciones provinciales y consejos insulares de Baleares.
El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, celebró la «magnífica noticia» porque significa que unos 7.800 gobiernos locales, sobre los que hay remanentes, podrán dar salida a sus ahorros que rondan los 14.000 millones de euros entre este año y durante 2021.
La regla de gasto, incluida en la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012 impulsada por el anterior Ejecutivo del PP, restringía a los ayuntamientos el uso del superávit presupuestario, ya que solo permite a los consistorios destinar sus superávits para amortizar deuda o depósitos bancarios.
No obstante, insistió en que las negociaciones con el Gobierno continúan para llegar a un acuerdo que incluiría el fondo de 5.000 millones y el de transportes de hasta 400 millones que se incluiría en un acuerdo con el Gobierno para sustituir el decreto del Ejecutivo, que fue tumbado en el Congreso el pasado 10 de septiembre.
Según la agrupación, el reparto del fondo de 5.000 millones se haría en dos partes: el 60 por ciento, 3.000 millones, se realizarán siguiendo criterios de población, aunque no se descartan elementos correctores en base a despoblación o insularidad, y el resto, el 40%, 2.000 millones, servirían para movilizar los remanentes.
El asunto de los remanentes será uno de los puntos que se aborde este lunes en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), en el que la ministra de Hacienda detallará las tasas de referencia de déficit para que las distintas administraciones puedan elaborar sus presupuestos, sin una senda de estabilidad que obligue al cumplimiento de objetivos al haberse suspendido las reglas fiscales.
