La Xunta de Galicia ha reprochado al Gobierno central el reparto de los fondos destinados a las comunidades autónomas para desarrollar sus políticas de formación y empleo. La conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, ha acusado al Estado de penalizar a las autonomías con mayor ejecución de esta financiación, de la que el territorio gallego recibirá un 7 por ciento menos que el pasado ejercicio.

La titular del departamento autonómico ha participado este miércoles, de forma telemática, en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, en al que ha trasladado el desacuerdo de la comunidad autónoma con el método de distribución de este montante.

En concreto, indica que este criterio de reparto «castiga a las comunidades que vienen ejecutando sus políticas de empleo y formación de modo competente» y que el Estado no liberará la totalidad de los fondos, bloqueados en la anterior Conferencia Sectorial.

La comunidad gallega recibirá un total de 167 millones de euros (88 y los 86,7 de este segundo reparto), frente a los 180 del pasado año, por lo que la Xunta estudiará la posibilidad de complementar los fondos estatales para reforzar las políticas de empleo.

SEGUNDO REPARTO

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha acordado distribuir a las comunidades autónomas más de 895 millones de euros con el Ministerio de Educación y Formación Profesional como coproponente, para programas de formación, medida que ha contado con el respaldo de la mayoría de las comunidades autónomas.

La mayor parte del montante distribuido en el encuentro de hoy, algo más de 494 millones, se dirigirá a trabajadores desempleados, según se ha acordado durante la celebración de la LXXVIII conferencia sectorial de Empleo y Asuntos Laborales celebrada este miércoles y en la que han participado representantes de las comunidades autónomas por videoconferencia y de manera presencial.

La cuantía aprobada este miércoles irá destinada a programas de formación asociados a unidades de competencia o cualificaciones profesionales en el marco del Sistema Nacional de las Cualificaicones y la Formación Profesional que permitan a los beneficiarios la adquisición de competencias para mejorar su cualificación y facilitar su inserción.

Estas acciones formativas, además de responder a las necesidades de los sectores más castigados en cada territorio por la crisis, se enmarcan en los identificados como estratégicos en el Plan de Modernización de la Formación Profesional aprobado por el Gobierno en julio. Los fondos destinados por el Gobierno están incluidos dentro del Plan correspondiente a 2020 y se suman a los 1.048,5 millones que se repartieron en la conferencia sectorial celebrada el 1 de abril.

EFICACIA

Durante el encuentro, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha planteado a las comunidades autónomas que sitúen las políticas activas en el centro de sus planes para la reconstrucción.

Asimismo, se ha abordado el Plan Anual de Política de Empleo para 2020, que va a ejecutar tanto el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) como las diferentes comunidades en sus ámbitos competenciales.

Según ha informado Trabajo en un comunicado, un grupo específico se ha encargado de reformularlo para adaptarlo al nuevo contexto tras la irrupción del coronavirus. «Este trabajo ha permitido la adaptación a la nueva normalidad y una reformulación de los indicadores que permitirán evaluar la eficacia del plan», ha apuntado.

Para Díaz, es «clave» que se pongan todos los recursos económicos, técnicos y humanos en la creación y la mejora del empleo, «que no solo constituye un paso esencial en la lucha contra la crisis derivada por la pandemia», sino que son una pieza básica en la estrategia de transformación de los territorios.

También ha pedido a las comunidades que hagan «un esfuerzo» para tener la estrategia de políticas activas lista para finales de año, porque «es uno de los pilares de reconstrucción es la creación de empleo».

La ministra, además, ha explicado que el objetivo es buscar, junto con las comunidades autónomas y los interlocutores sociales, las respuestas de emergencia en el corto plazo y la respuesta «estratégica de futuro», que son «tan importantes para salir de la situación económica y social que ha provocado la pandemia.

Para Díaz, el reto mas importante al que se enfrenta el país es el desempleo juvenil. Asimismo, ha afirmado que «representa un peligro para el equilibrio generacional». No obstante, considera que otros retos a los que hacer frente son la lucha contra el riesgo de exclusión sociolaboral de los colectivos más vulnerables y hacer frente a la persistencia de la desigualdad de género.

El Plan Anual 2020 se asienta en la orientación hacia los resultados en torno a los objetivos específicos incluidos en la Estrategia 2017-2020, dotada de casi 5,8 millones euros para un total de 696 servicios y programas de políticas de activación para el empleo.

Este, está articulada en torno a seis ejes: orientación, formación, oportunidades de empleo, igualdad de oportunidades en el acceso en el empleo, emprendimiento y mejora del marco institucional del Sistema Nacional de empleo.

También se han presentado a informe consultivo las propuestas para incrementar, con carácter extraordinario en 2020 las subvenciones para los Centros Especiales de Empleo en el que trabajan personas con discapacidad.