Unións Agrarias (UU.AA.) ha advertido que la coyuntura económica sumada a la nueva normativa que prepara el Gobierno central para la gestión de los purines pone en riesgo los 20.000 empleos directos del sector dedicado a la producción de carne en la Comunidad gallega.

«Galicia se juega el futuro de cuarenta Alcoas», ha subrayado el secretario general de UU.AA., Roberto García, en una rueda de prensa telemática en la que ha mostrado la preocupación de la organización por un sector «importante desde el punto de vista económico pero también territorial», pues ejerce como «cortafuegos» para los incendios y actúa contra la «despoblación» del rural gallego.

En este sentido, García ha señalado que la caída de la demanda está provocando problemas de viabilidad para «muchas» explotaciones que se están viendo obligadas a recurrir a ahorros o créditos bancarios porque «los ingresos no cubren los costes».

Una situación que, según ha alertado, podría empeorar con las exigencias que marca la nueva normativa en la que trabaja la Administración central para regular la gestión de los purines y que, en palabras del responsable de Unións, establece unas medidas «inviables» para las explotaciones pequeñas o que se encuentran en lugares de montaña.

Así, ha mostrado su «preocupación» por que el «planteamiento» de la ley sea «lineal» y «no diferencia entre sectores y territorios».

«No podemos criminalizar todos los sectores de la misma forma. No es lo mismo una explotación de 20.000 vacas que una de 20. No es lo mismo gestionar los purines en los Ancares que en la Terra Chá», ha incidido Roberto García, que ha puesto el foco en esas limitaciones «técnicas» provocadas por la orografía, lo que obliga a emplear una maquinaria especial que aumentaría el coste del proceso.

«Nadie se opone a la reducción de emisiones, pero tiene que ser aplicando criterios económicos. No le podemos pedir a una explotación familiar que apenas ingresa el salario mínimo y que apenas dispone de capacidad económica que haga inversiones de miles de euros cuando estaba gestionando el purín de forma tradicional, aprovechándolo para abono», ha remarcado.

Así las cosas, ante un panorama que cree que abocará a las explotaciones pequeñas a elegir entre «cerrar o endeudarse», Unións Agrarias considera que la «única forma» de hacer viable estas nuevas condiciones es a través de que la inversión de los ganadores se pueda «trasladar al precio» o que la administración «asuma» los costes con ayudas a la compra de la maquinaria necesaria o con la creación de un impuesto sobre el producto.

MEDIDAS PARA EL SECTOR

De este modo, y ante las «previsiones» que no apuntan «mejorías» para un sector que tiene más de 20.000 empleos directos, Unións Agrarias ha reclamado a las administraciones medidas «inmediatas» para «compensar la caída de la renta» y evitar que se produzcan cierres de explotaciones por razones económicas.

Roberto García ha señalado que existe el «compromiso» del conselleiro do Medio Rural, José González, para hacer efectiva una ayuda por vaca nodriza que proceda de los 24 millones de euros autorizados por la Unión Europea para ayudas directas y que tienen un «tope máximo» de 7.000 euros por explotación.

También ha demandado una «solución de tránsito» para las explotaciones que dejarán de percibir ayudas europeas de la PAC, puesto que podrían desaparecer antes de que estas subvenciones vuelvan a convocarse dentro de dos años.

Por último, ha instado a los distribuidores comerciales de Galicia a comprometerse con la venta de ternera gallega. «Es una vergüenza que cadenas de distribución que tienen sus centros en Galicia no ofrezcan la mejor carne de ternera gallega porque, o está confundida con el resto de carne, o no está identificada», ha aseverado García, que también ha avanzado la puesta en marcha desde UU.AA. de una campaña para exigir el cumplimiento de la ley de cadena a todos los actores del sector de la carne.