El secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Sergio Vázquez Torrón, y el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, han participado este miércoles en la apertura del primer tramo de la autovía A-56 Lugo-Ourense, el que discurre entre A Barrela, en Lugo, y San Martiño (Ourense).

Durante el acto, Vázquez Torrón ha reconocido «el trabajo de todas las administraciones» implicadas en el proyecto de esta autovía, iniciado hace 15 años, y ha señalado esta apertura como «una señal» de la relevancia que para el Gobierno tiene «todo lo que representa la Galicia interior».

«En Galicia, los proyectos van a seguir adelante y, sobre todo, los hechos y la inversión», ha declarado, en referencia a la inversión en la red viaria y, de forma paralela, a la vinculada al ferrocarril.

Por su parte, Javier Losada, que ha recordado el «compromiso» de este ministerio con Galicia, ha destacado la importancia de esta infraestructura para la mejora de la seguridad vial y la vertebración interior de la comunidad.

VERTEBRAR EL INTERIOR

La autovía A-56, sensiblemente paralela a la N-540 y al Eje Atlántico de la AP-9, permitirá «cohesionar y vertebrar territorialmente la Galicia interior», destaca el ministerio, canalizando parte de los tráficos con origen o destino hacia Portugal y al sur de Galicia desde el corredor Cantábrico (A-8). Supone además, «una importante mejora de la accesibilidad a la Red de Autovías y Autopistas para la Galicia interior, con problemas de regresión demográfica», explicita el Gobierno.

El tramo que se pone en servicio (A Barrela (Lugo)- San Martiño (Ourense)), permitirá conectar a través de los nudos de A Barrela y As Lamas con las carreteras autonómicas LU-901 y OU-901 en el límite de las provincias de Lugo y Ourense, enlazando la A-56 con el eje de comunicación denominado ‘Eixo do Ribeiro’, hacia Cea, O Carballiño y la AG-53.

El tramo tiene una longitud total de 8,8 kilómetros, de los que 8,3 discurren por la provincia de Lugo. La inversión total ha sido de 54,8 millones de euros (39 millones correspondientes a las obras, 13,6 a las expropiaciones y 2,2 millones de euros a las asistencias técnicas de redacción de proyecto, control y vigilancia de las obras, seguridad y salud y medio ambiente).