El Gobierno y las principales organizaciones sindicales del sector público han firmado la reforma del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) para recoger la regulación básica del teletrabajo en la función pública.

Tras el encuentro, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha puesto en valor el acuerdo y que se haya hablado de teletrabajo en las administraciones.

«Creo que hablar de teletrabjo en administraciones públicas, de todas las administraciones públicas en un texto, que es legislación básica; hablar de voluntariedad, reversibilidad, de cómo podemos seguir siendo pioneros y punta de lanza en las administraciones públicas es muy importante», ha apostillado.

El pasado 11 de junio, en la reunión de la Conferencia Sectorial de Administración Pública se acordó impulsar la reforma del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público con el objetivo de adaptarlo a las necesidades actuales relativas a dos cuestiones: impulso del teletrabajo y estudio sobre la temporalidad en el empleo público.

Este acuerdo supondrá tramitar la inclusión de un nuevo artículo en el Estatuto Básico del Empleado Público, del tal manera que el personal de todas las administraciones públicas contará con unas bases comunes para aportar seguridad jurídica a la prestación de trabajo mediante teletrabajo, que tendrá carácter voluntario y reversible, «salvo en supuestos excepcionales».

El texto que se incorporará en el Estatuto Básico regula con carácter general la prestación del servicio a distancia mediante teletrabajo, como una modalidad organizativa, «fomentando así el uso de las nuevas tecnologías y el desarrollo de la administración digital».

Asimismo, recoge que el teletrabajo no podrá suponer ningún incumplimiento de la jornada y el horario y de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal. También establece que será requisito previo la valoración del carácter susceptible de poder realizarse mediante teletrabajo tareas asignadas al puesto y la formación en competencias digitales.

Por otro lado, dice que la prestación de servicio a distancia mediante la modalidad de teletrabjo no será considerada como ordinaria ni puede ser absoluta, sino que será en cada ámbito y en la normativa reguladora que se dicte por cada Administración competente donde se determine la prestación de servicios que puede desarrollarse bajo esta normalidad.

El texto apunta que se define el teletrabajo como aquella modalidad de prestación de servicios a distancia en la que el contenido competencial del puesto de trabajo puede desarrollarse fuera de las dependencias de la Administración y se establece expresamente que, en todo caso, esta modalidad deberá contribuir a una mejor organización del trabajo a través de la identificación de objetivos y la evaluación de su cumplimiento.

La utilización del teletrabajo deberá ir supeditada a que se garantice la prestación de los servicios públicos, asegurando el cumplimiento de las necesidades del servicio, y también se establece expresamente que la utilización de esta modalidad de trabajo debe ser «expresamente autorizada».

Los funcionarios que teletrabajen tendrán los mismos deberes y derechos que el resto y la Administración deberá proporcionar y mantener los medios tecnológicos necesarios para la actividad. También se garantiza el derecho a la intimidad o desconexión digital.

Por último, el texto señala que el desempeño del teletrabajo se realizará en los términos de las normas de cada administración pública, «siendo objeto de negociación colectiva en cada ámbito», y que las administraciones públicas que lo requieran podrán disponer de un periodo de seis meses para adaptar la regulación del teletrabajo en su ámbito competencial.

El acuerdo se aprobará previsiblemente en el Consejo de Ministros del próximo martes 29 de septiembre, según fuentes sindicales, aunque inicialmente se barajaba la fecha de mañana.

VALORACIÓN POSITIVA DE LOS SINDICATOS

Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), su presidente, Miguel Borra, ha subrayado que se trata de un acuerdo «novedoso», que mejorará las condiciones laborales y favorecerá la conciliación del trabajo con la vida personal y familiar los empleados públicos.

«Este acuerdo supone introducir por primera vez el derecho al teletrabajo en el Estatuto Básico del Empleo Público, y por tanto se podrán acoger al mismo tanto el personal funcionario como laboral de las administraciones públicas», ha destacado Borra, que se ha mostrado convencido de que esta modalidad laboral «también revertirá en una mejora de los servicios públicos que recibe la ciudadanía».

Una vez conseguido el acuerdo sobre teletrabajo, CSIF ha pedido que se abra cuanto antes la negociación en otros ámbitos, como las retribuciones o la oferta de empleo público, ante las dificultades y la presión de las plantillas en áreas como la sanidad, la educación, los servicios de empleo o la Seguridad Social, como consecuencia de la pandemia.

Por su parte, el responsable federal de la AGE de UGT, Carlos Álvarez, ha explicado que el sindicato ha dado su respaldo al texto porque deja claros «elementos básicos como la voluntariedad, la reversibilidad y la asunción de gastos por parte de las administraciones.

Además, ha incidido en que introduce una serie de valores como la transparencia, la igualdad y la objetividad, lo que concede al teletrabajo un carácter «lo suficientemente garantista en términos de derechos para los empleados públicos y en términos de servicios para la ciudadanía».

Este acuerdo servirá de norma básica para todas las administraciones y para todos los empleados públicos y deberá desarrollarse sectorial y territorialmente a través de la negociación colectiva. Por ello, el sindicato ha instado a las administraciones a abrir sin demora las mesas de negociación en los diferentes ámbitos, y específicamente en la AGE «de manera inmediata».

En la misma línea, CCOO ha pedido al Ministerio de Política Territorial y Función Pública que inste al resto de administraciones, tanto estatales como autonómicas, a que inicien inmediatamente las negociaciones sobre el teletrabajo en sus respectivos ámbitos.

Asimismo, ha reclamado a la ministra Darias la apertura inmediata de la mesa de diálogo social para negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y un III Acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, comprometido por el Gobierno.

En su opinión, dicho acuerdo debe priorizar políticas que eliminen la precariedad en el sector público, asegurar el aumento y la estabilidad de las plantillas, eliminar la limitación que supone la tasa de reposición, abordar la carrera y la clasificación profesional, mejorar los derechos laborales y avanzar en la recuperación del poder adquisitivo.