La Federación de Industria del sindicato CIG se ha dirigido a las distintas parte que integran la mesa del convenio del Metal de la provincia de Pontevedra para pedir retomar las reuniones e instar a recuperar la negociación de este convenio, paralizada desde marzo pasado como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

La confederación nacionalista ha apuntado que, tras la reanudación de la actividad laboral, se hace «imprescindible» sentarse nuevamente para llegar a un acuerdo sobre las condiciones laborales del sector, cuyo actual convenio perdió vigencia en 2019.

Por ello han emplazado a la patronal y al resto de sindicatos a establecer un calendario de encuentros para retomar las negociaciones y pactar un convenio que, a su juicio, debe servir para recuperar el poder adquisitivo de los últimos convenios. A ese respecto, han apuntado que los trabajadores del Metal de la provincia de Pontevedra «cobran 1.150 euros anuales menos que los de A Coruña».

Así, la CIG ha propuesto subidas lineales para todos los trabajadores de 600 euros «como mínimo» y recuperar la cláusula de revisión salarial efectiva «para cobrar los atrasos de las diferencias entre los IPC».

OTRAS PROPUESTAS

También ha señalado como «importante» la regulación de la subrogación entre empresas para que, al acabar las concesiones, los trabajadores puedan ser contratados por las empresas que entren en las mismas condiciones; y ha apostado por clarificar las condiciones en las que los empleados tendrán derecho a cobrar pluses de toxicidad, penosidad o peligrosidad, así como las dietas.

La CIG reclama, por otra parte, la reducción de la jornada anual a 1.752 horas, mejorar los complementos salariales en las bajas por enfermedad común, y mejorar las licencias y permisos.

Finalmente, ha reiterado la necesidad de negociar un convenio marco gallego para este sector, cuyas empresas «nada tienen que ver con las del resto del Estado», y ha llamado a todas las partes a «no firmar convenios de empresa por debajo del convenio provincial, cosa que está ocurriendo y hace competencia desleal entre empresas y precariza las condiciones laborales y salariales».