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Argos desiste de la compra individualizada de Vulcano y mantiene su oferta a la espera de que se resuelva su recurso

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La empresa Marina Meridional, del Grupo Argos, ha comunicado al juzgado que desiste de su solicitud de venta individualizada de Vulcano (para adquirir la unidad productiva, dejando al margen la concesión administrativa, a la espera de que se resuelva el conflicto sobre la misma), aunque mantiene su oferta por el astillero, de 7,8 millones de euros.

Marina Meridional, del empresario José Alberto Barreras, solicitó al juzgado que acordase la venta individualizada de la unidad productiva, lo que permitiría que la sociedad adquiriese el solar, las instalaciones, la maquinaria y equipamientos, pero dejando al margen la concesión administrativa.

De este modo, la empresa ponderaba que el coste de esa adquisición sería de 5,5 millones de euros (al restar el valor de la concesión). De ese dinero, Marina Meridional proponía destinar 2,15 millones al pago de créditos laborales (concursales y contra la masa); otros 2,5 millones a subrogación del ICO; y 870.000 euros al Fondo de Garantía Salarial. Asimismo, planteó que la parte correspondiente a la concesión administrativa (unos 2,8 millones) se abonaría en el momento en que esa concesión sea transmitida.

No obstante, la empresa presentó un recurso de reposición contra la fecha fijada por el juzgado para hacer efectiva la entrega de los 7,8 millones por Vulcano (el próximo 22 de septiembre). Asimismo, el futuro de la concesión administrativa sigue sin aclararse ya que, aunque una sentencia judicial señala que debe incluirse en la liquidación de la unidad productiva, un dictamen del Consejo de Estado señala que la concesión está extinguida y debe volver al Puerto.

Así las cosas, Marina Meridional comunicó al juzgado su desistimiento de la petición de venta individualizada de la unidad productiva debido a que su recurso de reposición aún no estaba resuelto (en el momento en que presentó su escrito en el juzgado, el pasado 8 de septiembre), y teniendo en cuenta que, si se estima, «puede aclararse la situación de la concesión administrativa que forma parte de la unidad productiva. «Todo ello sin que, en ningún caso, pueda entenderse que esta parte renuncia a la oferta presentada y aprobada», ha matizado la empresa.

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