Las cuatro principales organizaciones del sector del palangre de superficie (A Guardia, Burela-Lugo, Marín y Vigo) hacen una «llamada de auxilio» ante la Administración Central debido a los problemas para comercializar el marrajo dientuso, desde su inclusión en el anexo II de CITES, la «caída histórica» de precios de la quenlla, su principal especie.

A ello han unido «la inestabilidad en la demanda de productos», que hacen «una vía de agua en la viabilidad económica de esta flota» y provocan una situación de «alerta roja». En un comunicado conjunto, advierten de que «la mayoría de las empresas no podrán aguantar muchos meses en esta situación» y que «el impacto es más grave» en la flota del Atlántico Norte, por su dependencia de la quenlla, que representa una media del 75% de las capturas y un 60% de los ingresos.

«Con los precios en caída libre, cada día es más difícil de sobrevivir para los 90 barcos que trabajan aquí. La demanda ha desaparecido o es muy inestable, y los precios están sufriendo una bajada histórica».

Como ejemplo, en agosto la quenlla se ha vendido ya por debajo de 0,30 €/kgs y las diferencias de precio respecto al pasado año «son de más del 52%, y del 17% en el pez espada».

Los ingresos medios han caído más de un 30% y los armadores lamentan que, «con estos precios, esta flota no durará mucho tiempo, es imposible sobrevivir».

Estas organizaciones consideran que el Ministerio de Transición Ecológica «no es el competente para la gestión pesquera» y denuncian la inacción del Ministerio de Pesca, por permitir una situación que «les está llevando a la ruina económica», al no poder vender ni comercializar una parte importante de sus capturas. Algunas de las organizaciones están estudiando diferentes acciones judiciales para defender una situación que consideran grave e injusta.