El BNG ha reprobado este lunes la propuesta que el Ministerio de Hacienda ha realizado a a Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en relacion al uso del superávit y de los remanentes de los ayuntamientos, que ve una «incautación» de fondos. Por ello, ha avanzado que propondrá en el seno de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) que la entidad municipalista autonómica se oponga y sea «interlocutora» directa para negociar con el Gobierno central.

En concreto, el Ministerio de María Jesús Montero hizo llegar a la FEMP un borrador que determina que las entidades locales con superávit se lo tienen que prestar al Estado, que luego se lo devuelve como ingresos no financieros. El Gobierno pretende que los ayuntamientos presten sus ahorros a las arcas públicas y luego se les devolvería mediante dos ingresos en 2020 y 2021 de 5.000 millones. El resto, se lo queda Hacienda y se lo reintegrará en un plazo de diez años.

Para posicionarse sobre esta propuesta han comparecido este lunes la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y el vicepresidente segundo de la Fegamp y alcalde de San Sadurniño, Secundino García, quienes han avanzado las reivindicaciones que hará el Bloque en el seno de la entidad municipalista gallega con el fin de que se retire la propuesta de Hacienda. García también ha urgido la reforma de la financiación local para dar una cobertura adecuada al coste de los servicios.

Pontón ha incidido en que, en un contexto de reconstruccion económica y social posterior al pico de la pandemia, es «muy preocupante» el «amago de acuerdo» entre el Gobierno y la FEMP. «Lo rechazamos de pleno», ha advertido, antes de añadir que, si sigue adelante, supondría que los ayuntamientos gallegos «no podrán usar 900 millones para la reconstrucción».

Municipios, ha añadido, que ya están «mal financiados y estrangulados económicamente» con un sistema que «no tiene en cuenta» factores diferenciales de la comunidad que encarecen la prestación de servicios como la dispersión o el envejecimiento.

«No es de recibo que se quiera privar a nuestro país de usar 900 millones de euros, deben ser los municipios los que determinen cómo usar y revertir sus recursos sin ningún tipo de tutela», ha subrayado Pontón, antes de instar a que la Fegamp –como propondrá el BNG– «ponga sobre la mesa una propuesta propia» y reclame una «interlocución» directa con el Ejecutivo estatal que permita que los remanentes se usen en Galicia.

«NO TIENE LÓGICA»

En su intervención, Pontón ha recordado que, durante la crisis económica, las administraciones locales gallegas contribuyeron a paliar la deuda del Estado y a «salvar» a las entidades financieras. Y, sin embargo, ahora se ven abocadas a un «trato desigual», ya que el Gobierno central solo se reserva para sí la «flexibilidad» a la hora de ampliar la deuda para hacer frente a la reconstrucción.

Ello, sumado a la propuesta de Hacienda sobre el superávit, ha llevado a Pontón a apelar a que no se repitan «errores del pasado». «No tiene ningún tipo de lógica que los remanentes de los ayuntamientos se conviertan en una especie de liquidez para el Estado, que tiene otros mecanismos para poder financiarse», ha esgrimido.

A juicio de Pontón, es preciso dar este debate porque es «mucho lo que está en juego para el país». Por eso, ha insistido en que es la Fegamp la que debe negociar con el Gobierno y exigir que se deroguen «leyes regresivas como la ‘ley Montoro'». También ha subrayado el endeudamiento «ínfimo» de los municipios gallegos –que representa «un 0,3% del PIB, antes de volver a defender que la flexibilidad a la hora de endeudarse debe ser equitativa y no solo para el Estado.

FONDO EUROPEO DE RECUPERACIÓN

Por otra parte, Pontón también ha defendido que no se debe rebajar de 750.000 millones de euros el fondo previsto por la Unión Europea para el impulso de la recuperación, y ha precisado, sobre todo, lo «preocupante» que resulta que la propuesta de reducción se ubique en el marco de la financiación plurianual de los fondos de cohesión y PAC.

Si se aplica, ha advertido que Galicia resultaría perjudicada, y ha concluido que este fondo debería promover la reconstrucción económica y social de los países y zonas que más lo necesitan en vez de profundizar «más» en «vetos» o «recortes» de derechos sociales o laborales. «El Estado español debe mantener una posición firme», ha defendido.