La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha reiniciado este lunes en Santiago sus contactos con entidades de economía social tras verse interrumpidos por la pandemia de la COVID-19. Tras mantener una reunión con el Foro pola Economía Social Galega, ha destacado del sector que ha demostrado ser «profundamente eficaz en los tiempos duros de crisis» como los actuales.

Así lo ha manifestado la ministra en declaraciones a los medios después de un encuentro mantenido con el presidente del Foro pola Economía Social, Celso Gándara, y el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, en el Hotel Puerta del Camino.

En este contexto, Díaz ha explicado que se trata de una primera toma de contacto con aquellas comunidades en las que, como Galicia, la economía social opera con «tanta decisión», para articular un «plan estratégico» del sector de cara a la celebración de la próxima Cumbre Europea de la Economía Social, que se celebrará en Toledo con España en la Presidencia del Comité del Seguimiento del Pacto de Luxemburgo.

«Vamos a desplegar muchas acciones que se vieron interrumpidas a causa de la pandemia», ha comprometido la ministra, quien ha erigido a la economía social en «una manera de hacer economías diversas» que no solo ha demostrado su «eficacia» en tiempos de crisis, sino que también «sirven para fijar población» y como «apoyo» del entorno rural.

Díaz se ha desplazado a Galicia para recabar apoyos, como el del Foro y el delegado del Gobierno, para que España tenga «un papel muy importante» durante esa Cumbre Europea. De hecho, se ha comprometido a volver a la Comunidad en el marco de estos contactos, puesto que fue escogida por la Comisión Europea dentro del programa ‘ESER 2019’ (Regiones de la Economía Social 2019).

«LO ECONÓMICO» Y «LO SOCIAL»

Por su parte, el presidente del Foro pola Economía Social Galega ha agradecido la visita de la ministra y ha reivindicado al sector como «la expresión de que lo económico no está reñido con lo social». A modo de ejemplo, ha asegurado que en la crisis financiera del 2008, estas empresas sufrieron una destrucción del empleo «de casi diez puntos menos» que las convencionales.

Además, Celso Gándara ha hecho hincapié en el «comportamiento diferencial» de la economía social, que «afecta tanto a la configuración de su personal y a las condiciones de trabajo de sus empleados como a su especialización productiva y a su localización geográfica». En total, calcula que los beneficios totales, directos e indirectos, de estas empresas en España ascienden a 6.229 millones de euros anuales.

Preguntado sobre cómo afectó la crisis de la COVID-19 a este tipo de empresas, ha explicado que «como a cualquier otra», pero con un mayor «aguante» y «resiliencia». «Una gran parte de la economía social es propiedad de sus propios trabajadores. Antes de cerrar, antes de reducir, entre otras cosas nos bajamos los sueldos para poder aguantar», ha sostenido.

El Foro pola Economía Social Galega aglutina a las entidades más representativas en Galicia: la Asociación de Empresas de Inserción de Galicia (Aeiga), la Agrupación Empresarial de Sociedades Laborais de Galicia (Aesgal), la Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias (Agaca), la Asociación Empresarial Galega de Centros Especiais de Emprego sen Ánimo de Lucro (Cegasal) y Espazocoop, Unión de Cooperativas Galegas. En total, unas 371 entidades y organizaciones que dan empleo a casi 25.000 personas y que cuentan con más de 74.000 socios, comuneros y mutualistas.

UN «ESFUERZO LEGISLATIVO» CON LOS ERTE

Al hilo de todo ello, la ministra de Trabajo ha destacado el «esfuerzo legislativo» hecho durante la pandemia, que permitió que la economía social «pudiese acogerse» a los beneficios de los expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE) o «adecuar su funcionamiento orgánico».

Por otra parte, preguntada sobre la campaña de inspecciones que lanzó la pasada semana su Ministerio para detectar posibles fraudes en los ERTE, Díaz ha destacado que «la mayoría de las empresas hacen un uso responsable» de este instrumento, pero ha advertido que otras que hacen «un uso inadecuado» no solamente cometen una irregularidad administrativa, «sino que incluso pueden invadir la responsabilidad penal».

Y es que cada entidad que hace un «mal uso» de los fondos públicos, «aunque sea una sola», está «quitando esos recursos a otra empresa y a otros trabajadores que lo precisan».

Así, ha reiterado que esta campaña se debe a la «simplificación sustancial» de los trámites de los ERTE que fueron consecuencia de la parálisis de actividad durante la pandemia. «Se eliminaron algunos controles, como el control clave de la Inspección de Trabajo y algunos factores más», ha añadido.

Asimismo, ha destacado la ministra, la cantidad «ingente» de ERTE tramitados –en más de 550.000 empresas y que afectaban a más de 3,4 millones de empleados en toda España, de los que 1,1 millones ya están reincorporados– hizo que no se pudiesen realizar los controles «en esos momentos».