Un estudio del profesor de Dereito Adiministrativo de la Universidade da Coruña (UDC), Carlos Aymerich, avala que tanto Xunta como Estado –o ambos– pueden realizar una intervención pública de las fábricas de aluminio primario de Alcoa San Cibrao y Alu Ibérica de A Coruña.

En su estudio –elaborado a petición del sindicato CIG–, Aymerich señala que «resulta claro que la adquisición podría ser realizada por la Administración estatal, por la gallega o por ambas, dado que, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Galicia, la Comunidad Autónoma ostenta competencia exclusiva en materia de industria».

A este respecto, el informe señala que esta posibilidad «se halla plenamente normalizada» a nivel autonómico en la ley 5/2011 de patrimonio de Galicia –en su artículo 88–, así como estatal de la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Y es que «ambas leyes regulan, en términos prácticamente idénticos, el procedimiento para la adquisición de títulos representativos de capital», «atribuyendo la competencia al Consello de la Xunta» y al «Ministerio de Hacienda, previa autorización del Consejo de Ministros», «siempre y cuando esa adquisición no se realice por medio del ejercicio de la potestad expropiatoria, supuesto en el cual deberá ajustarse a lo dispuesto en la Ley de Expropiación Forzosa».

RECAPITALIZACIÓN O TOMA DE CONTROL

El informe ha sido presentado este lunes en rueda de prensa, en la que Aymerich ha incidido en que, desde el punto de vista legal, no hay impedimento en el derecho español ni europeo para que los gobiernos puedan intervenir factorías de aluminio, «pero se necesita voluntad política». Así, se puede recurrir a la capitalización o a la toma de control público de las plantas para garantizar el mantenimiento de la actividad y el empleo.

Sobre la recapitalización, el profesor de la UDC ha señalado que la posibilidad de aprovechar las medidas aprobadas por la UE en mayo para la entrada de poderes públicos en el capital de empresas. La planta de Alcoa San Cibrao podría beneficiarse de estas ayudas, aplicables tanto por el Gobierno gallego como el español, o ambos en conjunto, en la búsqueda de un socio solvente. Esta operación tendría que ser solicitada de forma expresa por la empresa y contar con su colaboración.

En caso de que Alcoa decida cerrar o reducir sustancialmente su actividad, negándose a cooperar para mantener la actividad, las administraciones «deberían emplear todos los medios que el ordenamiento les habilita, entre ellos la nacionalización de la fábrica». «Por mucho menos dinero de lo que costó el rescate de las autovías radiales de Madrid se puede garantizar al producción de aluminio primario y los puestos de trabajo», reflexiona Carlos Aymerich.

Explica que esta posible actuación es extensible a las fábricas de Alu Ibérica de A Coruña y Avilés (Asturias), antiguas factorías de Alcoa.

Agrega que la nacionalización «podría efectivizarse a través de los procedimientos generales previstos en la Ley de Expropiación Forzosa o por medio de una ley que articulase un procedimiento expropiatorio específico».

VALORACIÓN DE LA CIG

Por su parte, el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, reclama a los Ejecutivos gallego y español actuaciones rápidas para «intervenir públicamente las fábricas por cualquiera de las vías que legalmente está demostrado que son posibles, porque es la única vía a día de hoy para garantizar el empleo, la actividad productiva del aluminio y que las cubas no paren en San Cibrao».

«Es intolerable que sigan haciendo oídos sordos, esta indolencia e inacción del Gobierno español y gallego por impedir el cierre de las fábricas de aluminio. No podemos permitir esta nula voluntad política por resolver una situación que pone en riesgo miles de puestos de trabajo y que constituye un golpe mortal para A Mariña y para Galicia», censura el líder del sindicato.

La CIG recuerda que ya en abril de 2019 presentó un primer informe para la adquisición pública de las factorías de aluminio de A Coruña y Avilés, que ahora se actualiza ante la «dramática realidad en San Cibrao».

«Cuanto más dejen pasar el tiempo que no tenemos, más avanzará Alcoa en la aplicación en el desastre laboral y social que tiene puesto en marcha», critica Carril. «Llevamos un años perdido, porque de haberse intervenido A Coruña y Avilés, afrontaríamos la situación de San Cibrao con más capacidad de éxito», razona.