La CIG considera que el acuerdo alcanzado entre el Gobierno, CEOE y los sindicatos CC.OO. y UGT para prorrogar hasta septiembre los ERTE supone «ahondar en el abuso patronal» y «un enorme prejuicio» para los trabajadores.

En un comunicado emitido este viernes, el secretario xeral de la central nacionalista, Paulo Carril, considera este «nuevo episodio del diálogo social» una «reedición de los Pactos de la Moncloa» que «implica hacer recaer en la clase trabajadora los costes de esta crisis».

Carril destaca que este acuerdo «también tiene las bendiciones de PP y de Ciudadanos», lo que, a su juicio, evidencia que el «robo y saqueo a la clase trabajadora se mantiene» con la complicidad de los sindicatos Comisiones y UGT.

Para la central nacionalista, el pacto para prorrogar los ERTE hasta septiembre «no contribuye a resolver los problemas industriales y laborales de Galicia» que, además de la pandemia, ha de hacer frente a la crisis industrial previa. «Este pacto social no resuelve los problemas que padecemos, más bien al contrario, dificulta una salida justa y gallega», ha incidido Carril.

REFORMA LABORAL

En concreto, la CIG demanda al Gobierno centra que dé pasos hacia la derogación de la reforma laboral, una de las promesas electorales de PSOE y Unidas Podemos y a lo que se comprometió la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, antes de acceder al cargo.

«Mantener la reforma laboral en su integridad y no avanzar en estos acueros en su desmantelamiento significa no resolver situaciones como las que tenemos en Galicia con las amenazas al empleo de Alcoa, los cierres de las térmicas o el desmantelamiento acelerado de nuestro tejido productivo», ha incidido Paulo Carril.

«DESPROTECCIÓN» DE LOS TEMPORALES

Uno de los aspectos del acuerdo suscrito entre Gobierno, patronal y sindicatos contra los que carga la CIG es la «falta de solución para todos los trabajadores temporales que fueron despedidos desde el 14 de marzo».

Asimismo, también lamenta que esta situación extraordinaria se financie «a cuenta del dinero de los trabajadores» en lugar de apostar por «políticas fiscales progresivas» o con recursos derivados de partidas para gastos militares o la Casa Real.