La CIG participado este lunes en una reunión telemática de la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, con sindicatos presentes en la mesa sectorial de administraciones públicas, en la que ha solicitado la eliminación de la tasa de reposición y que se busquen fórmulas legales para atajar la temporalidad y los contratos «en fraude de ley».

En un comunicado, el sindicato gallego llama a que la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público, que prevé llevar a cabo el Gobierno central a partir de julio en un calendario de negociación hasta septiembre, «no se limite» a regular el teletrabajo y vaya más allá.

Lamenta que la ministra tan solo «se ha limitado» a indicar que el objetivo es reducir la temporalidad al 8% en la Administración General, pero sin ser así «en el resto de administraciones».

Además, la CIG llama a revertir los recortes aplicados en los últimos años a empleados públicos que provocan una pérdida del poder adquisitivo de en torno al 11%.

REUNIÓN

El Gobierno y los sindicatos de la Función Pública han acordado este lunes un calendario de negociación hasta septiembre para abordar temas como el teletrabajo, la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público, el seguimiento de los acuerdos sobre condiciones laborales de los empleados públicos y un nuevo pacto de legislatura.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha mantenido una videoconferencia con los representantes de los sindicatos, como una primera toma de contacto para empezar a retomar los asuntos pendientes con respecto a las condiciones laborales de las plantillas.

Según ha señalado el Ministerio en un comunicado, Darias ha informado a los representantes sindicales de que el Gobierno quiere continuar en esta legislatura el diálogo y la negociación con los representantes de lo empleados públicos.

De hecho, ha expresado el deseo del Gobierno de seguir dando respuesta a las necesidades de las administraciones públicas y «de caminar junto a los sindicatos en materia de empleo público, apostando por el diálogo social».

Asimismo, ha expuesto a las organizaciones sindicales la necesidad de realizar algunas modificaciones legislativas, como las que se refieren al Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado (AGE), así como la importancia de poner en marcha medidas para modernizar la administración pública.

Respecto a la desescalada, ha apuntado que la semana pasada finalizó con casi 72.000 funcionarios de la AGE trabajando ya de forma presencial, el 40% de los efectivos, mientras que 92.978, el 51,6%, continuó trabajando en modalidades no presenciales.

Según el Ministerio, en estos momentos se está negociando con las organizaciones sindicales una nueva resolución para una mayor incorporación de los empleados públicos a su trabajo presencial, «siguiendo siempre las recomendaciones de las autoridades sanitarias».

El presidente de CSIF, Miguel Borra, ha valorado positivamente esta primera reunión y ha expresado su «firme voluntad» de llegar a un nuevo acuerdo de legislatura de aquí a septiembre.

Las partes han acordado convocar para este mismo mes la comisión de seguimiento del II Acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, mientras que en julio se trabajará en una modificación puntual del Estatuto Básico del Empleado Público para mejorar la lucha contra la temporalidad y desarrollar el teletrabajo, todo con el objetivo de que en septiembre se pueda empezar a trabajar en un acuerdo de legislatura, ha informado el sindicato.

En dicho acuerdo, CSIF pretende recuperar la estructura salarial previa a 2010; equiparar las retribuciones entre administraciones; implementar un plan de recursos humanos para reforzar las plantillas donde sea necesario; establecer las 35 horas semanales en el conjunto de las administraciones públicas; reconocer el coronavirus como una enfermedad de naturaleza profesional; establecer la jubilación parcial y anticipada de determinados colectivos; mantener el sistema de clases pasivas y desarrollar una bolsa de horas para conciliación.

Por su parte, el secretario general de la federación de servicios públicos de UGT (FeSP-UGT), Julio Lacuerda, ha señalado durante su intervención que la negociación de un nuevo acuerdo para los empleados públicos debe iniciarse «inmediatamente» después de que finalice el trabajo de la comisión de control del anterior.

UGT ha insistido en lo necesario que es defender los servicios públicos, «garantes del bienestar y la seguridad de la ciudadanía, como se está demostrando en la crisis del Covid», pero también la mejora del empleo público.

El sindicato ha incidido en la necesidad de culminar los procesos de estabilización y consolidación del empleo público para disminuir la precariedad, en eliminar la tasa de reposición o en articular mecanismos para evitar situaciones de abuso de la temporalidad. Además, cree que se debe apostar por la regulación de herramientas como el teletrabajo. Tampoco olvida la mejora de las condiciones laborales y la recuperación de derechos.

De su lado, CC.OO. ha señalado que seguirá trabajando por asegurar la gestión directa pública de los servicios, por «desterrar la precariedad y la temporalidad y por mejorar las condiciones de trabajo y los derechos de sus trabajadores».

«Todo ello exige que los servicios públicos reciban una inyección de financiación que, al menos, nos equipare con los países de nuestro entorno», según el sindicato, que también ha exigido al Ministerio que ponga en valor el diálogo social en las administraciones públicas y que «realmente se negocie con las organizaciones sindicales en un formato que reconozca sus derechos de representación como marca la ley, rechazando, en consecuencia, reuniones meramente informativas».

De hecho, el área de función pública del sindicato que lidera Unai Sordo ha lamentado que la ministra «se haya limitado a informar de lo que ya había expuesto y acordado en otros foros y que no haya contestado ni adquirido ningún compromiso en relación con las cuestiones que se le han planteado». Asimismo, ha exigido un acuerdo que asegure el crecimiento, la estabilidad y los derechos en el empleo público.