El secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, ha exigido este jueves al Gobierno que dirige Pedro Sánchez que «deje de atacar» a la industria gallega y que «piense en crear empleo, no en cerrar empresas», sobre todo dada la crisis económica y social que se vislumbra tras la pandemia del coronavirus.

«Necesitamos que el Gobierno ayude a crear riqueza, y no piense en destruirla; necesitamos gobiernos que fomenten la actividad económica y no el desmantelamiento de nuestros sectores estratégicos; y gobiernos que piensen en crear empleo y no en cerrar empresas», ha sentenciado, en una rueda de prensa telemática.

Igualmente, ha insistido en pedir al Ejecutivo central que ponga las herramientas necesarias sobre la mesa para que las empresas de la comunidad puedan mantener su actividad y ser competitivas, y que evite «cierres y despidos innecesarios» para la economía autonómica.

«Preocupado» por el futuro de las electrointensivas, ha recordado que el resultado de la mesa de Alcoa San Cibrao celebrada el martes fue «decepcionante» y que solo constató que el Gobierno «sigue poniendo excusas para no asumir su responsabilidad: fijar un precio eléctrico competitivo y estable para colocar a España en igualdad de condiciones con el resto de Europa, para permitir la continuidad de la producción de aluminio primario y para garantizar el mantenimiento de los empleos de Alcoa en San Cibrao, de toda la Mariña y de toda la industria electrointensiva gallega».

El número dos del PPdeG también ha recordado que el Ejecutivo central «no presentó el borrador del Estatuto para los consumidores electrointensivos que lleva prometiendo desde hay más de año y medio, ni concretó se aceptará los alegatos realizados desde Galicia, Asturias y Cantabria a un documento que no da respuesta a las necesidades reales para que la industria electrointensiva tenga futuro en España».

Además, ha enfatizado que, antes incluso de estos alegatos, durante los meses de Gobierno en funciones, la Xunta llegó a mandar un borrador de estatuto que el Ejecutivo solo debía aprobar para solucionar este problema. «Una vez más, Galicia aportó soluciones donde el Gobierno había creado un problema y mostró su voluntad de trabajar con él, pero este respondió con indiferencia y con desidia», ha lamentado.

«INACCIÓN Y FALTA DE COMPROMISO»

«Esta inacción y falta de compromiso del Gobierno de Sánchez ponen en peligro 5.000 empleos directos en Galicia de manera inminente, pues ni siquiera ofrece salidas a corto plazo para una industria electrointensiva que el propio Ejecutivo declaró esencial durante lo estado de alarma», ha agregado.

Asimismo, ha lamentado que «no exista voluntad política para desbloquear la situación», ya que el Ejecutivo central «no aclaró» si convocará la subasta de interrumpibilidad para lo que queda de año, después de que la del primer semestre «fuera la más raquítica de la historia».

«Ni tampoco aclaró si establecerá el presupuesto máximo que permite la Unión Europea para las compensaciones por emisiones de CO2 (alrededor de 275 millones de euros), después de que solo habilitara una partida, claramente insuficiente, de 6 millones de euros», ha apostillado.

«DESAHUCIAR» A LAS EMPRESAS DEL MAR

Por otra parte, Tellado también se ha referido a la voluntad del Ministerio de insistir en la reforma del reglamento de la Ley de costas, «esta vez aprovechando la pandemia para colarla a escondidas en la Ley de cambio climático».

A su modo de ver, esta situación da la razón al PPdeG: «Tanto en abril del año pasado, cuando denunciamos el intento de variar las condiciones y desahuciar a las empresas del mar ubicadas en la costa, como en enero y febrero de este año, cuando desde el Gobierno se dijo que esta reforma estaba paralizada y que no se reactivaría sin hablar con el sector».

Al respecto, ha apuntado que se trata de «una decisión de un impacto enorme para la Comunidad, pues afecta a más de un centenar de empresas y a cerca de 5.000 edificaciones de 80 ayuntamientos costeros, entre los que se encuentran desde centros de salud hasta colegios y depuradoras de aguas residuales».

NACIONALIZACIÓN

En el turno de preguntas, cuestionado acerca de una posible nacionalización de la fábrica, Tellado ha rechazado promocionar «debates accesorios» y ha alegado que sería «una solución coyuntural para un problema estructural».

También ha defendido que las empresas que tienen «beneficios siguen», se llamen «Alcoa» o de «otra manera», mientras que nacionalizar para «producir a pérdidas» tampoco tendría sentido, bajo su punto de vista.

«Lo que tiene que hacer el Gobierno es lo mismo que hicieron Ejecutivos anteriores como los de Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero en ocasiones previas con problemas similares. Si entonces se pudo solucionar y Alcoa siguió funcionando, ahora también puede ser. Se llame Alcoa o de otra forma. No nos preocupa Alcoa, sino los trabajadores y que España siga teniendo una fábrica de aluminio primario», ha sentenciado.