El grupo municipal Marea de Vigo ha calificado este martes como una «chapuza de libro» la decisión del gobierno de Abel Caballero de prorrogar durante 5 años la concesión del servicio de bus urbano, que presta la empresa Vitrasa (del grupo Avanza), y ha advertido de que no descarta acudir a la «vía judicial» si se constata que esa prórroga vulnera la norma y va en contra del interés general de los ciudadanos.

En una rueda de prensa, el portavoz del grupo, Rubén Pérez, ha avanzado que Marea «está evaluando la seguridad jurídica» de esa decisión, que supone una marcha atrás con respecto a un acuerdo de gobierno adoptado a finales de 2018 (la denuncia del contrato para evitar la prórroga, justificada por el propio alcalde para redactar un nuevo pliego y tener un transporte acorde a los nuevos tiempos, ya que el actual contrato data de 1.994).

Desde el punto de vista político, el portavoz de Marea ha señalado que, tras conocerse esa decisión, ha quedado de manifiesto que «aquí quien manda en el transporte es Vitrasa, no el alcalde, que está cautivo de determinadas decisiones», como la ampliación de líneas, la renovación de flota o la implantación de la tarjeta PassVigo.

Según ha recordado, el principal condicionante del contrato con Vitrasa es la amortización pendiente de 13 millones de euros por ciertas inversiones en medios y terrenos, y ha señalado que es «perfectamente asumible» para un ayuntamiento como el de Vigo, hacer esa amortización y «quedarse con la flota y las instalaciones».

De ese modo, y con el mismo argumento utilizado para decidir la prórroga (la situación de crisis generada por la pandemia de COVID), se podría tener un transporte municipal gestionado íntegramente desde lo público. «Tendríamos una empresa cien por cien pública, sería perfectamente asumible, con cargo a remanentes o superávit», ha incidido Rubén Pérez.