La Confederación Intersindical Galega (CIG) reclama a los gobiernos central y autonómico que «no hagan oídos sordos» al «clamor popular» que han demostrado los vecinos de A Mariña con la manifestación de este domingo en Viveiro para defender la continuidad de Alcoa.

Su secretario general, Paulo Carril, ha participado en la protesta y sobre este asunto ha manifestado que es el momento de que los ejecutivos «asuman sus responsabilidades, actúen en lo inmediato para paralizar los planes de desmantelamiento de Alcoa» y advierte que «cuanto más tiempo tarden los gobierno en actuar, más se dificultará una salida en positivo».

En la misma línea, Carril también ha señalado la necesidad de «recuperar» a través de un Real Decreto la «autorización administrativa de los ERE tal y como existía antes de la reforma laboral del PP», así como ha apuntado a la «urgencia» de aprobar medidas que sienten las bases de una tarifa industrial estable, predecible y competitiva para «facilitar la viabilidad de la fábrica y del conjunto de la industria electrointensiva del país».

Para esta fuerza sindical, es preciso establecer una tarifa propia y en este sentido ha criticado la «actitud obstruccionista del Gobierno del PP en la Xunta en estos años, que se negó a asumir la ILP por la tarifa eléctrica gallega».

«De aquella el PP rechazó la propuesta argumentando que no sería beneficioso para Galicia tener una tarifa diferenciada», pero la CIG cree que de haber asumido la ILP del sindicato en 2015, «hoy estaríamos ante una posición más ventajosa para afrontar la ofensiva de Alcoa, defender los puestos de trabajo y la capacidad productiva», ha destacado Carril.

CUESTIÓN DE «VOLUNTAD POLÍTICA»

En el presente escenario, el sindicato considera que la intervención sería posible si hubiese «voluntad política». Sin embargo, desde su perspectiva, el Gobierno español «no está dando pasos para preparar la intervención pública de la planta».

Además, el PP «no solo no ha puesto en marcha medidas en la defensa de la industria, sino que ahora, ante la amenaza de destrucción de 800 empleos directos y la incerteza sobre el futuro de la fábrica, sale diciendo que la intervención pública no procede».