La Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública (Agsdp) ha acusado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de ser el responsable del «elevado nivel de contagios y mortalidad» en las residencias de mayores durante la crisis del coronavirus debido a la «privatización» de estos centros.

En un comunicado remitido este miércoles, la asociación ha explicado que un informe del Consello de Contas de Galicia de 2018 dejaba ver «irregularidades y amiguismo» en las adjudicaciones de las residencias, así como «falta de controles por parte de la Consellería de Política Social, escasez de personal, deficiencias en las instalaciones e incumplimiento de los protocolos de funcionamiento».

Según Agdsp, si finalmente la pandemia no ataca con la misma virulencia que en otras comunidades, este hecho «no tiene relación directa con las actuaciones de la Xunta» para combatir el virus, sino con «las características específicas» de Galicia, como la dispersión poblacional, el menor nivel de contaminación, la escasa llegada de personas de otros territorios, las condiciones climáticas o la menor aglomeración de personas en el transporte público.

Lo que sí que existe, es una «relación entre las deficientes condiciones previas de las residencias y la incorrecta gestión realizada por la Xunta», ha manifestado esta asociación que, al mismo tiempo, también ha denunciado la falta de «transparencia e información» con la que han contado las familias y la población general sobre los casos de coronavirus en los centros de mayores.

Las circunstancias que censuran han llevado a esta agrupación a exigir a la Xunta y a la Fiscalía la «intervención inmediata de las residencias» en las que se concentraron los contagios y la mortalidad y la «apertura inmediata de una investigación para conocer y depurar» responsabilidades.

Sobre este último asunto, la Fiscalía gallega ya cuenta con un proceso de investigación abierto para evaluar la gestión de la crisis sanitaria en los centros residenciales. Se trata de un procedimiento que se abrió durante las primeras semanas de la pandemia como un encargo de la Fiscalía General del Estado a todas las autonomías tras la aparición de varios ancianos fallecidos en las instalaciones de algunos de estas residencias.

RESPONDER EN EL PARLAMENTO

A juicio de este colectivo de defensores de la sanidad pública, la privatización ha llevado al detrimento de las condiciones de trabajo de los empleados y ha contribuido a las «deficientes condiciones de las instalaciones y del equipamiento» de estos centros.

Abogan por «reintegrar al sistema público las residencias para garantizar la salud y la seguridad de las personas residentes» y «diseñar un cambio de modelo en la atención de las personas mayores».

Exigen que la Xunta «dé cuenta de los resultados de la auditoría y d las medidas adoptadas» ante el Parlamento de Galicia, los familiares, los sindicatos y la opinión pública.