Siete pares de zapatos de mujer sobre el suelo que nos cuentan siete historias de víctimas de trata y explotación sexual, una lacra que pocas veces se ve pero que está «muy cerca» en un país como España que es el primero en Europa en consumo de prostitución. «Es una lacra que muchas veces es invisible, que parece que no la hay, pero que existe, y existe muy cerca de nosotros», ha explicado Javier Otero, miembro de la junta directiva de la ONG Fiet, que este miércoles ha montado un punto informativo en la Plaza Roja de Santiago coincidiendo con el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Personas.

En este acto de sensibilización, ‘Ponte en sus zapatos’, los ciudadanos pueden acercarse, mediante un código QR, a las «historias reales» de siete mujeres y niñas que fueron víctimas de las mafias de explotación sexual, una lacra que «ha crecido un 13 por ciento en relación al año pasado» en España, el primer país de Europa y el tercero del mundo en consumo de prostitución, lamenta Javier Otero.

En una sociedad en la que han ido perdiendo peso los aspectos más visibles de la explotación sexual, como los clubes de alterne, la entidad incide en su persistencia «en pisos privados, hoteles y residencias, centros de vacaciones y en las redes sociales e Internet». «Hay muchas formas en las que la delincuencia ejerce trata y explotación sexual contra mujeres, niños y niñas», apunta Otero, que hace hincapié en que estas nuevas formas de prostitución lo hacen todavía «más invisibilizado».

«Quizás donde vivimos, en nuestro propio edificio, sin saberlo, puede haber un piso en el que se ejerza explotación sexual», señala Javier Otero, que admite que el caso gallego tiene sus particularidades, por la persistencia todavía de muchos clubes de alterne y por la llegada «constante» a través de Portugal de víctimas de trata procedentes de Brasil. Al tratarse de una población «más dispersa», en la comunidad hay también «mucha movilidad» y las mujeres víctimas «muchas veces no residen más de dos o tres semanas en un mismo lugar», lo que «hace mucho más complicada la detección».

CASI 2.000 VÍCTIMAS LIBERADAS EL AÑO PASADO

Según los datos del Ministerio del Interior, durante el año 2025 se liberaron por parte de la Policía Nacional y de la Guardia Civil 1.869 víctimas de trata y explotación en toda España, entre ellas 28 menores. En total, se realizaron 1.413 operaciones, se detuvo a 1.056 personas implicadas y se desarticularon 112 organizaciones o grupos criminales.

En el ámbito específico de la explotación sexual, se realizaron 189 operaciones, que se saldaron con la detención de 656 personas y la desarticulación de 87 organizaciones o grupos criminales.

Los datos han sido aportados en este acto por la subdelegada del Gobierno en A Coruña, Obdulia Taboadela, que ha explicado que las cifras «dan idea de la magnitud del fenómeno», teniendo siempre presente que «detrás de los números hay personas, hay delincuentes que están puestos a disposición de la justicia y, sobre todo, hay víctimas» que, en el caso de la explotación sexual, son un 92% mujeres y niñas.

Obdulia Taboadela ha expresado el compromiso de las instituciones con estas mujeres que, «además de ser liberadas, después deben ser acompañadas y reinsertadas plenamente en la sociedad».

LA SOCIEDAD, EN EL PUNTO DE MIRA

Durante el acto se ha dado lectura a un manifiesto en el que los convocantes han hecho hincapié en la presencia invisible de la trata y explotación en la sociedad. «Está más cerca de lo que pensamos», apuntan, «se esconde en pisos anónimos en nuestro propio edificio, en anuncios de Internet que ignoramos, en carreteras que recorremos una y otra vez, en los hoteles en los que nos alojamos», ha podido oírse en la Plaza Roja.

Frente a unas «organizaciones criminales que evolucionan», la ONG Fiet lamenta que la sociedad «siga aceptando demasiadas cosas como inevitables», como que «existan mujeres cuyo cuerpo pueda convertirse en una mercancía» o que quien denuncia «tenga que demostrar una y otra vez que realmente es una víctima» y «se ponga en riesgo», además de actuar como facilitadores.

«Cada vez que reducimos esta realidad a un asunto exclusivamente policial, olvidamos que la realidad es que ninguna red criminal podría sostenerse sin una sociedad que, de una forma u otra, tolere las condiciones que la hacen posible», critica el manifiesto, que apunta hacia cuestiones como la vulnerabilidad, la desigualdad o la banalización de la violencia contra las mujeres.

Por ello, exigen «una sociedad que rechace abiertamente cualquier forma de explotación», que «denuncie cuando sospeche que una mujer está siendo» explotada y que «acompañe a quien consigue salir de esa realidad», además de unas instituciones «capaces de responder con la misma rapidez con la que evolucionan las redes criminales», leyes «más eficaces, recursos suficientes y «una protección que sitúe realmente a las víctimas en el centro».