El Gobierno está ultimando aún su plan de medidas para paliar el impacto económico de la guerra en Irán, en el que baraja incluir la rebaja del IVA de los carburantes del 21% al 10%, según han confirmado a Europa Press en fuentes conocedoras del plan.

El Ejecutivo, que sigue a esta hora cerrando los detalles de las medidas que se aprobarán este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario, prevé introducir además en este plan rebajas fiscales en electricidad, mejoras en el bono social eléctrico y garantías en el suministro energético, según las mismas fuentes.

La rebaja del IVA del 21% al 10% en los carburantes que estudia incorporar el Gobierno en su plan anticrisis contrasta con la bonificación universal de 20 céntimos por litro de combustible que el Gobierno aprobó en 2022 para paliar los efectos de la guerra en Ucrania.

Las patronales y gasolineros habían pedido al Ejecutivo que optara esta vez por rebajar la fiscalidad de los carburantes, dado los problemas que generó la bonificación al combustible establecida tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

El paquete anticrisis que aprobará hoy el Gobierno eliminará también el impuesto especial a los hidrocarburos, suprimirá el impuesto especial eléctrico, actualmente situado en el 5%, y bajará el impuesto al valor de la producción eléctrica, según publica la cadena SER.

SÁNCHEZ DETALLARÁ LAS MEDIDAS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá este viernes ante los medios de comunicación tras la celebración del Consejo de Ministros extraordinario para informar del plan integral de respuesta a las consecuencias de la guerra en Irán.

Desde el Ejecutivo defienden que será un plan «proporcional, perimetrado y focalizado» en limitar el impacto de la subida de los combustibles y la electricidad.

Tras reunirse con agentes sociales, los sectores más afectados por el conflicto y con los grupos políticos, el Ejecutivo pondrá encima de la mesa un plan que abarca cuatro dimensiones: medidas estructurales, paquete fiscal, focalización en los sectores más afectados y escudo social para los más vulnerables.

En concreto, la primera de estas dimensiones es la estructural y se basa en reforzar la apuesta por las energías renovables –incentivando comunidades energéticas, autoconsumo o bombas de calor– y la electrificación.

La segunda de las dimensiones es la minimización del coste energético y eléctrico, a través de medidas fiscales. El siguiente bloque tiene que ver con la minimización del impacto de la subida de los carburantes, donde se pondrá especial atención en el campo, la pesca, los transportistas y las industrias electrointensivas y gasintensivas, y el último bloque abarca medidas del escudo social, como por ejemplo la imposibilidad de cortes de suministro energético a los más vulnerables.

Además, tanto la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya han deslizado que el decreto no incluirá medidas como la prohibición de los desahucios a personas vulnerables ni la prórroga de los contratos de alquiler que vencen este año y el siguiente, ya que ambos asuntos no cuentan con suficiente apoyo en la Cámara.

SE VOTARÁ EL PRÓXIMO JUEVES EN EL CONGRESO

El Congreso debatirá y votará el próximo jueves, 26 de marzo, este decreto ley con medidas para paliar las consecuencias económicas de la guerra en Irán.

Como todo decreto ley, su entrada en vigor es inmediata pero después tiene que someterse a votación en el Congreso para su convalidación o derogación en un plazo de treinta días. No obstante, la Junta de Portavoces ha decidido que, cuando el decreto ley llegue al Congreso, se calificará rápidamente en la Mesa de la Cámara para incluirlo en el Pleno de la próxima semana y así no demorar más la convalidación.

Desde el Gobierno han asegurado que este plan contará con flexibilidad suficiente para ir «adaptando y adoptando» las medidas necesarias según la evolución de la situación.