El pleno de Santiago de Compostela ha aprobado suspender cautelarmente y durante un año la concesión de licencias de hospedaje para la conversión de edificios residenciales completos en equipamientos destinados a usos turísticos, mientras el Gobierno local trabaja en la modificación de la normativa relativa.

La medida ha salido adelante con los votos del bipartito (BNG y Compostela Aberta), las concejalas no adscritas y el PSOE, pese a la abstención del PP, que la ha calificado como una «nueva restricción» dentro de una política urbanística basada en la «escalada normativa».

El concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, ha centrado su atención en los apartamentos turísticos, una tipología –regulada de forma autonómica– que consiste en bloques de pisos dedicados en su totalidad al alojamiento turístico y sobre la que una asociación le trasladó su preocupación semanas atrás por un caso reciente.

De este modo, el edil ha certificado que la normativa municipal modificada en 2023 «no impide la posible proliferación de este modelo en nuestra ciudad», que sustituye al «tradicional de hotel», con su recepción, cafetería y restaurante. Esto no es «fácil» que suceda en edificios con división horizontal, pero sí si no la hay o si hay un único propietario, según lo explicado por Lestegás.

Esta situación aún no se ha generalizado ni se está produciendo «a gran escala»; por ejemplo, en 2025, el Ayuntamiento solo concedió tres licencias de este tipo. Así y todo, la pretensión de esta suspensión cautelar y la modificación normativa en la que trabajará ahora Urbanismo, que revisará los requisitos de implantación, es «anticiparse» a la problemática.

CRÍTICAS

El PP, a través del edil José Antonio Constenla, ha criticado la «escalada normativa» que ve en la política urbanística del bipartito: «Siempre una nueva restricción». En esta línea, ha asegurado que «la prohibición por sí sola no crea vivienda, no rehabilita edificios y no incrementa el parque público», entre otros ejemplos.

Con todo, la formación ha optado por la abstención al tiempo que ha instado al departamento dirigido por Lestegás a «dialogar» con los sectores afectados la medida en la que ahora trabajará.

Pese a dar su ‘sí’, Mercedes Rosón, en representación de las concejalas no adscritas, ha criticado el «proceder» en la tramitación de la norma, en la que, además, cree que debería estar sustentada en «datos» y no solo en «retórica». «Las políticas de vivienda no se hacen por ocurrencia de un día», ha reprochado.

No obstante, Rosón sí considera que la oferta turística está «suficientemente dimensionada» para atender la demanda y ha manifestado su apoyo a todas las medidas orientadas a «priorizar los usos residenciales a los turísticos».

Por su parte, el portavoz municipal del PSOE, Gumersindo Guinarte, ha cuestionado cuál es el problema que pretende resolver el Gobierno local y el «impacto real» en la oferta de vivienda. «Ahora nos suena más a maquillaje político que a una iniciativa a solucionar un problema real», ha manifestado, en coherencia con la actitud «vigilante» que ha asegurado que tendrán aún dando su ‘sí’.