En una jornada en la que los juzgados de Santiago de Compostela han acogido la celebración de varias bodas, el PSOE local ha consumado su ‘divorcio’ durante la vista entre la formación y los ediles expulsados, que reclaman medidas cautelares para frenar su salida del grupo municipal.

El juzgado de instancia número tres ha acogido la cita para resolver la petición de los concejales Mila Castro, Mercedes Rosón, Gonzalo Muíños y Marta Álvarez de impugnar las resoluciones de la Comisión Federal de Ética y Garantías que ratifican su expulsión del partido.

El asunto ha llegado este viernes a la justicia después de que los cuatro ediles interpusiesen el pasado 17 de marzo una demanda contra su expulsión del PSOE, que les había sido notificada tres días antes.

Todo ello tras meses de enfrentamientos que estallaron el 24 de junio de 2024, día de San Juan, en un pleno en el que todo el Grupo Municipal Socialista –los seis concejales en bloque– desoyó la directriz marcada por la dirección local al votar a favor de la ordenanza presentada por el gobierno local para desarrollar la regulación de las viviendas de uso turístico en la ciudad.

Ese mismo día la ejecutiva local tenía convocada una reunión en la que decidió el cese del jefe de prensa y de la jefa de gabinete del Grupo Municipal, unos despidos que el entonces portavoz municipal Gonzalo Muíños se negó a ratificar, motivo por el que fue suspendido de militancia 18 meses. Por su parte, la votación en el pleno de las VUT concluyó con un apercibimiento para todos los seis concejales.

A partir de ahí, mientras que las concejalas Mila Castro, Mercedes Rosón y Marta Álvarez, junto al propio Gonzalo Muíños, acabarían siendo expulsados por desoír las órdenes de la dirección al no participar en la reunión en la que se procedería al cambio de portavoz –un encuentro que los expedientados alegan que la convocatoria había sido nula–, los otros dos ediles –Marta Aval y Guimersindo Guintarte– se alinearon con la dirección del PSOE.

COMPARECENCIAS EN LOS JUZGADOS

Este viernes a los juzgados de Fontiñas han acudido por parte del Partido Socialista una abogada de Ferraz, así como la secretaria de Organización del PSOE local, Laura Requejo, quien ha declarado como testigo a petición del propio partido.

Por parte de los cuatro concejales han sido citados como testigos el secretario municipal del Ayuntamiento compostelano, el jefe de prensa del Grupo Municipal y la jefa de gabinete, así como la que fuera secretaria de Organización de la agrupación local durante cinco años, Carmen Fernández Morante.

También ha declarado como testigo el que fuera alcalde de Santiago de Compostela, Xosé Sánchez Bugallo, quien este mismo viernes ha presentado su dimisión como senador por «coherencia y responsabilidad» y ha defendido que los ediles electos «gocen de respeto» toda vez que responden a la «voluntad ciudadana» mostrada en las urnas.

LA EXPULSIÓN «AFECTA AL MANDATO REPRESENTATIVO»

Precisamente, a la salida de los juzgados, el abogado de los cuatro ediles expulsados, Evaristo Nogueira, ha considerado que la adopción de medidas cautelares que reclaman los cuatro expulsados «debería prosperar» porque «afecta al mandato representativo».

«El mandato representativo tiene su significado porque los ciudadanos votaron a un partido político y a los miembros de ese partido», ha afirmado para subrayar que «no están justificadas, en ningún caso, las expulsiones».

El abogado ha sostenido que la no adopción de una medida cautelar puede provocar que estos concejales «no puedan acceder al 100% de la actividad política» como, por ejemplo, a los consejos de administración de los diversos órganos de los que forman parte del Ayuntamiento de Santiago.

«Y ese perjuicio es irreparable, porque la demanda principal puede tardar aproximadamente un año un año y pico en dilucidarse», ha dicho para insistir en que «por garantía de ese mandato representativo, no solo de los afectados, sino también de los ciudadanos, se debe esta medida cautelar».

Nogueira ha sostenido que se está hablando de una «expulsión» por el hecho de «no comparecer a una reunión a la que el portavoz» municipal «no estaba convocado». «Una reunión, por mandato imperativo y sin tener la competencia, en la que la ejecutiva municipal designaba a un nuevo portavoz cuando esa competencia es única y exclusivamente del Grupo Municipal Socialista», ha subrayado.

COMPARECENCIAS

Conforme han apuntado fuentes conocedoras del proceso, en su declaración, Carmen Fernández Morante, que fue responsable de Organización durante las etapas como secretarios xerais del PSOE local tanto de Sánchez Bugallo como de Mila Castro, aseguró, entre otras cuestiones, que en sus etapas en el aparato local del partido la ejecutiva local no daba instrucciones de voto, sino que el Grupo tenía autonomía.

Además, estas fuentes han señalado que Fernández Morante declaró haber puesto en conocimiento del partido que, tras las elecciones municipales del 2023 y antes de la constitución de la gestora que presidió el actual secretario de Organización del PSOE provincial, Diego Fernández, detectó «una afiliación irregular» del 10% del censo de la agrupación local.

Tanto el jefe de prensa del Grupo Municipal como la jefa de gabinete –cuyos cargos la dirección local pidió cesar, pero el portavoz Gonzalo Muíños se negó a firmar estos despidos– trasladaron haber recibido presiones.

Por su parte, otras fuentes han señalado que la defensa del PSOE argumentó que el procedimiento seguido fue «escrupuloso» y que se hizo con base en el reglamento y en los estatutos del propio partido. Además, trasladó que el partido actuó «correctamente» y que se les dio traslado de todas las actuaciones a los afectados para que hiciesen alegaciones.

Estas fuentes, que han remarcado que las medidas cautelares se resuelven por la forma y no por el fondo del asunto, han dicho que se puso encima de la mesa que no se vulnera ningún derecho de los ediles, toda vez que «siguen siendo concejales» pero «no representan al PSOE».

PLENO MUNICIPAL

Así las cosas, ahora en el Ayuntamiento de Santiago trabaja para convocar un pleno extraordinario en el que, además de puntos como la ordenanza sobre la tasa turística y el cuadro de personal, se tomaría en consideración el paso a no adscritos de estos cuatro concejales.

Si bien la regidora local, Goretti Sanmartín explicó el jueves que el gobierno local trabajaba para convocar este pleno para la próxima semana, queda por ver si hay una decisión judicial antes de que este tenga lugar que pueda afectar a la celebración de la sesión o el veredicto sobre el asunto llegará con posterioridad.