La Xunta ha autorizado la construcción de una línea de alta tensión, que declara de utilidad pública, para la evacuación del parque eólico Outes, situado entre el municipio homónimo y los de Negreira y Noia (A Coruña).

Esta línea de alta tensión atraviesa terrenos de más de 300 propietarios, de modo que el Diario Oficial de Galicia (DOG) en su edición de este jueves publica los nombres de los dueños de parcelas afectados por este proyecto.

La línea de 8 kilómetros de longitud (6,5 kilómetros aéreos y 1,5 kilómetros soterrados), cuyo promotor es Norvento, tendrá más de una veintena de torretas metálicas. La inversión es de 1,5 millones de euros.

Una de las cuestiones que expone la Xunta en relación con la alegaciones presentadas al expediente es una explicación de por qué, a su juicio, este proyecto está amparado legalmente para su desarrollo.

El hecho es que en 2018 el Tribunal Supremo estimó los recursos de casación interpuestos por la Xunta y tres empresas contra el auto de 2016 del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anulaba el concurso eólico del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo. El TS estimó el motivo de casación de los recurrentes al considerar que la sentencia del TSXG «incurrió en una incongruencia por exceso al extender su decisión de anulación a todo el concurso sin circunscribir la nulidad y la consiguiente retroacción de actuaciones a la zona 7 para que solo en ella se procediese a una nueva valoración de las ofertas presentadas».

Precisamente, este eólico de Outes está enmarcado en esa zona 7 sobre la que el Supremo fijaba retrotraer actuaciones, pero el Gobierno gallego sostiene que: «Esta asesoría jurídica entiende, en coherencia con nuestra postura procesal mantenida en el incidente de ejecución, que los parques eólicos que se encuentran en tramitación en la zona 7 no se podrían ver afectados por la ejecución de sentencia, pues su autorización es una cuestión ajena al procedimiento de ejecución». Y basa la Xunta esto en que el promotor se acogió a un nuevo régimen legal habilitado en 2017 por la ley de implantación de iniciativas empresariales, de modo que «se rigen por la nueva legislación y ya no precisan de un trámite previo de selección (desaparecido ya legalmente)».

«Aún en el supuesto de que se considerara posible retrotraer el procedimiento y efectuar nuevamente un proceso de valoración de los anteproyectos, cuestión que consideramos que legalmente no es posible, y esta nueva valoración permitiera eventualmente concluir que el resultado debía haber sido en su día otro, ninguna consecuencia desfavorable podría deducirse para estos proyectos, pues desde el año 2017 optaron por acogerse al nuevo régimen legal y sus requisitos, y deberá, por lo tanto, ser tratada esta opción como una nueva solicitud de autorización de proyecto desvinculada del resultado del concurso», incide la Xunta en la justificación de la legalidad del proyecto.